Transparencia y democracia son conceptos siameses pero en España durante muchos años dieron la impresión de ser primos lejanos. Para ayudar a revertir esa situación, Jacobo Elosua y David Cabo impulsaron a finales de 2011 la Fundación Civio. Conocedores del trabajo que llevan años desarrollado experiencias similares como mySociety en Reino Unido, Ciudadano Inteligente en Chile o la Sunlight Foundation estadounidense, gracias en gran parte a los período que han trabajado fuera de España, Elosua y Cabo pensaron que en nuestro país se podía combatir el axioma de que los representantes públicos no tienen por qué dar explicaciones de sus actos y de la gestión del dinero de todos. Tres años después, Civio comienza a ser un referente cuando se habla de transparencia en nuestro país. Sus soluciones para mejorar la relación Administración-ciudadano ya se utilizan en algunas instituciones. Mientras tanto, en la fundación se dedican a elaborar una serie de proyectos que responden a preguntas tan variopintas como útiles. ¿Qué nos comunica semanalmente el BOE? ¿Dónde se han producido incendios en España en la última década y quién se ha beneficiado por ello? ¿Cómo funcionan las puertas giratorias entre las instituciones y el mundo empresarial? ¿Dónde van nuestros impuestos?
Javier de Vega, responsable de comunicación de Civio, departió con Negra Tinta en la madrileña sede de la fundación para explicar con detalle el trabajo que se realiza dentro de una iniciativa que se hace eco de un debate inédito pero que poco a poco va ganando peso en la agenda social: el de la transparencia. A pasos pequeños, De Vega cree que va calando el concepto de que la corrupción galopante se rebaja arrojando luz sobre la opacidad del Estado.
–¿Cómo es posible vivir en un país donde se rechazan el 57% de las peticiones de información que se hacen a las instituciones públicas?
–Es posible porque ha sido siempre así y estamos acostumbrados. Ahora no solo es que sepamos el dato, también la gente empieza a hacer peticiones de información. Antes no concebíamos que tuviéramos potestad para acceder a los datos públicos. Ese derecho ha entrado en vigor hace muy poco en España. En otros países está mucho más consolidado y garantizado ya que existen mecanismos que aseguran que ese derecho se respete. Entre las instituciones públicas y los españoles existía una brecha. Un periodista sí que estaba acostumbrado a solicitar información por el tipo de trabajo que hace, pero un ciudadano medio no conocía los mecanismos. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, estas peticiones han crecido en número. Por eso, sabemos que son un 57% las que se deniegan o no se responden y nos escandalizamos. En los ayuntamientos, las instituciones más próximas –que generan una información mucho más cercana al ciudadano–, esas peticiones se rechazan nueve de cada diez veces. Por lo menos, ahora tenemos una base sobre la que trabajar y observar si esa tendencia va al alza o a la baja.
–El periodismo de investigación no goza de buena fama en España debido al tipo de informaciones que se publican bajo ese epígrafe. ¿Estáis intentando hacer un periodismo de investigación diferente en Civio?
–Sí, y lo intentamos cambiar de una manera muy clara. Tal y como yo lo veo, en España el periodismo de investigación ha descansado mucho sobre las filtraciones. Normalmente, las filtraciones responden al interés de alguien que te pasa una información (que puede ser muy jugosa) para sacar algún tipo de ventaja. Pero hay otra manera de hacer periodismo de investigación: cuando tú recurres al Boletín Oficial del Estado estás trabajando con fuentes contrastables que hacen un retrato fiel del que legisla. Lo que aparece en el BOE va a misa, se ejecuta y ocurre. No son promesas de la Administración. Mi compañera Eva Belmonte busca información en el BOE y la contextualiza. En cuanto da con una ayuda o una licitación, ella se documenta para saber qué ha pasado durante los años anteriores. Ese tipo de información no requiere una investigación cruda, pero al final lo que te está dando es un retrato bastante más aproximado de cómo son las cosas en una fuente pública, muy accesible y que cualquiera podría haber mirado hasta ahora. A mí me habría gustado encontrar durante los últimos años más noticias sobre la gestión pública basada en una fuente como el BOE.
–¿Y por qué no se ha hecho? Los medios a los que aludes siguen siendo los más potentes en cuanto a recursos humanos y hace apenas un lustro ni siquiera habían reducido sus plantillas.
–Porque se hacía un periodismo de pasillo. Cada periodista tenía sus fuentes y acudía al parlamento o ayuntamiento de turno con un tema casi prefijado. En el BOE no sabes qué noticia va a salir mañana. Hay que revisarlo a diario para saber si el Gobierno está indultando a una persona determinada, por ejemplo. Cuando un periodista lee el BOE debe aplicar un criterio para saber qué es información necesaria y qué son contenidos irrelevantes. Es muy desagradecido mirar el BOE a diario porque usa un lenguaje muy agreste, que la gente no está acostumbrada a utilizar.
–Después hablaremos del uso que se le da a la lengua desde la política. Vosotros, como fundación, y los nuevos medios de comunicación que han aparecido en España durante la crisis, ¿estáis volviendo al viejo periodismo, más callejero e indagador?
–Ha habido un cambio mental. El lector se ha hecho mucho más crítico y le gusta consultar las fuentes de información por sí mismo. Si estás aludiendo a una licitación en una noticia cada vez hay más gente que quiere tener acceso a ese documento: el dato crudo y primario. Los consumidores de información cada vez participan más. Como saben que en cada medio van a encontrar un enfoque diferente, muchos ciudadanos quieren leer directamente el documento original. Eso genera un cambio de hábito en el lector y en el informador: ya no le puedes pedir a la gente que se crea lo que escribes, tienes que mostrar tus datos. Eso, en el fondo, es periodismo de toda la vida.
–¿Consideras entonces que los españoles renunciamos en un momento dado a nuestra capacidad crítica para creernos absolutamente la palabra de un periódico o un programa de radio?
–Personalmente, creo que sí. Es más fácil vivir de esa manera. Si me siento cómodo con un punto de vista de izquierdas buscaré los medios que confirmen mi idea y cuando lea algo que me gire el chip pensaré que me están manipulando. Nos gusta que nos confirmen nuestra mirada como ciudadanos. Los datos también son manipulables. La misma cifra se puede utilizar para decir que se han recortado 100.000 millones de una partida presupuestaria destinada a Educación como para sostener que el recorte no ha sido tan grave. ¿Eso es mucho? ¿Poco? ¿En comparación con qué? ¿Cuánto se destinaba antes? Ahora es mucho más fácil interpretar esos números con aplicaciones informáticas que cruzan datos y elaboran infografías que dan historia a esa información numérica.
–¿A qué debe aspirar una empresa periodística: a ser líder de opinión o líder en transparencia?
–Buena pregunta… [piensa]. Creo que la transparencia está en un plano entre los ciudadanos y las administraciones, entes que comienzan en los funcionarios, la primera barrera de entrada al solicitante de información. No creo que el periodismo haya encontrado un lugar en ese proceso, simplemente, una empresa que se dedique a la información busca ser un mediador, no un actor, entre las administraciones y los ciudadanos. Los medios traducen y seleccionan esta información, pero muchas veces es el ciudadano quien solicita información sobre problemas directos del día a día. Por ejemplo, saber cuándo va a venir el servicio municipal de limpieza para recoger la basura de mi calle. Ahí el medio de comunicación no juega ningún papel, esa demanda no necesita tener cabida en los contenidos periodísticos. El derecho a la información pública es ciudadano, no propiedad de un lector de periódicos. Si tú quieres ejercer un papel activo en la vida social tienes que demandar información por ti mismo.
–¿Cómo valoras la relación que tiene Civio con las instituciones públicas?
–Por lo general, es buena; suelen tener bastante curiosidad por lo que hacemos. Lo importante es encontrar a la persona indicada al otro lado. Cuando tú tienes en una institución a una persona que cree en el open government y que está al tanto de las herramientas que facilitan la transparencia, todo es más sencillo. Ese liderazgo y voluntad contagian a toda la institución. A esos conversos hay que cuidarlos mucho porque no les tienes que educar ni explicar que el acceso a la información es un derecho mínimo. El problema es que al acabar un mandato político esa persona rote o cambie de Administración. No puedes depender de que el siguiente en ocupar el cargo muestre la misma mentalidad moderna que su predecesor.
Por eso, cuando hablamos de transparencia no hablamos de ley. Una ley no hace la transparencia. La transparencia es cultura, son unos conocimientos técnicos unidos a una serie de hábitos. En eso hay que convertirla porque no se puede depender siempre de estos cisnes negros.
–¿Cómo se produce el contacto entre Civio y los organismos oficiales? ¿Sois vosotros los que vendéis vuestra idea o son ellos los que acuden a la fundación?
–Muchas veces son las instituciones las que vienen a Civio, pero ocurre de todo un poco. Muchas nos preguntan por aplicaciones y proyectos que ya llevamos tiempo utilizando. Una de esas aplicaciones por las que se han interesado ha sido ¿Dónde van mis impuestos?, que es anterior incluso a Civio. David [Cabo, uno de los promotores de la fundación] la desarrolló en su momento para que se supiese a dónde iba el dinero público en Aragón. A raíz de eso, cada vez más ayuntamientos y gobiernos autonómicos han ido preguntando por la herramienta que se utiliza en Aragón para comprobar si es contratable o la pueden implementar por cuenta propia. El trabajo de Civio se expande boca a boca. Las administraciones se copian entre ellas las herramientas que funcionan.
–Estamos a acostumbrados a que los espacios informativos sean el hogar de imputados, corrupciones, indultos, papeles comprometedores que salen a la luz, cuentas bancarias en paraísos fiscales, acusaciones que se ejercen sin datos que las sostengan… Dándole la vuelta a la tortilla, ¿qué administración te ha sorprendido gratamente por su transparencia en el tiempo que llevas trabajando en la fundación?
–Me llamó mucho la atención que desde la Agencia Estatal del BOE se pusieran en contacto con Eva [Belmonte] para felicitarla por su trabajo. Ella se levanta cada día a las siete de la mañana, se lee el BOE y a las nueve y media ya te tiene preparada una información relacionada con lo que ha salido publicado en el boletín [se puede consultar esta información en la web elboenuestrodecadadia.com]. Por eso, se agradece que la gente que elabora el boletín la llame para decirle que les encanta su blog y para pedirle asesoramiento de cara a mejorar ciertas cosas a la hora de comunicar. Concertaron una reunión e intercambiaron opiniones. ¡Al final el objetivo es el mismo! Estamos trabajando para que la mayor cantidad posible de gente conozca estas informaciones del Estado.
Hablando de leyes de transparencia, las comunidades autónomas están progresando bastante. Saben que hay una ley estatal que se firmó el año pasado y que entrará en vigor en unas semanas. Durante este tiempo se han elaborado normas autonómicas que regulan este tema, en algunos casos mejor que a nivel estatal y, en otros, peor. En ese ejercicio, algunas llaman a organizaciones como la nuestra y elaboran un borrador con propuestas de la sociedad civil. Cuando una administración pública consulta a colectivos y grupos de expertos en la materia, para nosotros suponen grandísimas iniciativas y dan ejemplo. Es lo mejor que podría hacerse.
–Civismo es una palabra que suele estar bastante en boca de los políticos. Sobre todo para pedir a la población que se comporte de una manera correcta y pacífica que, a veces, puede interpretarse como un llamamiento a la sumisión al criminalizarse casi cualquier tipo de protesta ante las instituciones. ¿Está secuestrado el significado de esa palabra? ¿Una persona cívica tiene que ser un poco mosca cojonera para preguntar por qué ciertos derechos no se están respetando?
–Para mí, ser cívico significa tener un papel activo dentro de la sociedad. Cuando intentas ser interlocutor de las administraciones o participas en una encuesta de interés público o realizas aportaciones propias, ya lo eres. En España es difícil practicar el civismo porque hay pocos mecanismos de participación pública. Los políticos secuestran muchas palabras, pero eso al final es marketing político. Transparencia también ha sido una palabra secuestrada. Todos dicen haber cumplido su deber y afirman que están mejorando en este tema, pero cuando analizas lo que han hecho lo consideras insuficiente. Creo que la política es capaz de secuestrar casi cualquier término. ¡Cualquiera! Democracia, civismo, transparencia, responsabilidad, «tomar medidas», «acatar una voluntad ciudadana»…
–¿Qué pasó en este país para que los políticos reconocieran que teníamos un problema con la falta de transparencia?
–Los políticos de España no estaban acostumbrados a tener que dar explicaciones. Desde 2006 empiezan trabajar organizaciones centradas en este tema, como Access Info Europe, una de las pioneras; para mí, la que más trabajo y lobby hizo en España cuando nadie sabía qué era la transparencia. Ellos preguntaban a los políticos: «¿Sois conscientes de que este es el único país con más de un millón de habitantes que no tiene una norma que garantice el derecho de acceso a la información? ¿No sabéis que en otros países esa norma tiene estatus de derecho fundamental, como el de la protección de los datos personales? ¿No os dais cuenta de que en otros países se intenta involucrar a la sociedad civil en la toma de decisiones políticas?»
Su primer interlocutor fue el gobierno de Zapatero, que llegó a elaborar un borrador de ley que nunca vio la luz porque nunca hubo una propuesta seria para llevarlo a cabo. Cuando en 2011 cambia el Gobierno central, el PP se presenta con la promesa de sacar adelante una Ley de Transparencia en sus primeros cien días en el poder. Cumplió en los plazos, pero la ley está bastante por debajo de los estándares que suele poseer en otros países. No creo que este debate estuviera realmente en la calle hasta hace muy poco. Tampoco en los medios, muy pocos periodistas sabían en qué consistía una ley de transparencia, exceptuando casos como el de Borja Bergareche, de ABC, que ha trabajado mucho tiempo en Reino Unido y lleva hablando desde hace años del asunto. Fíjate el retraso que llevamos: Suecia, el primer país con algo parecido a una ley que asegure la rendición de cuentas por parte de los políticos, ya empezó este camino en 1870. En Estados Unidos se empieza a desclasificar información en 1966. Reino Unido mejoró mucho en este terreno y creó una ley muy buen hace más de diez años. Esta es una conversación a la que llegamos tarde y sin argumentos que poner sobre la mesa. En lugar de aprender de las tradiciones extranjeras, se han sacado de la manga una serie de medidas muy mínimas y absurdas comparadas con las que estamos viendo por allí.
–Para que las leyes sean efectivas es necesaria una Justicia potente que vigile su cumplimiento y sancione sus infracciones. ¿Es posible que funcione la transparencia a nivel estatal con el recorte que ha sufrido el aparato judicial español, uno de los más silenciados, por otra parte?
–No tengo los datos del recorte sobre la mesa para dar una respuesta, pero sí se puede explicar que, independiente a la Justicia, es necesario un organismo que vele por el cumplimiento de la transparencia de los datos públicos, que tenga poder para sancionar incumplimientos y liquidez para trabajar día a día con los medios necesarios. La Ley de Transparencia dependerá de un consejo que formará parte del Ministerio de Hacienda, presidido por una persona que elija el ministro y que sea refrendada por mayoría absoluta en el Congreso. El mandato del presidente será por cinco años y estará acompañado por una serie de consejeros elegidos por otras figuras estatales como el Defensor del Pueblo. Así, no solamente es que no sea independiente desde el mismo momento en el que nace, sino que se politiza casi por ley: entre sus consejeros deben figurar un senador y un diputado, pero revisando los estatutos de este consejo regulador no sabemos cómo se van a elegir ni qué experiencia se les va a requerir a estos políticos. Y, para colmo, al presidente del consejo solamente se le pide «una dilatada y respetable trayectoria», premisas en las que cabe prácticamente todo el mundo.
A diferencia de otros países, este organismo no va a tener presupuesto propio: saldrá de una partida de 1,9 millones de euros que tiene asignada el Ministerio de Hacienda donde se incluye el sueldo del presidente, porque los consejeros no cobran. Esa falta de recursos específicos se ha presentado como algo positivo cuando en otros países estos consejos se han intentado despolitizar desde el principio. Aquí nace bastante lastrado, pero lo sabremos a ciencia cierta cuando dentro de poco sepamos quién es el presidente.
–¿Corremos el riesgo de fabricar otro Tribunal Supremo o Constitucional, organismos fundamentales en un Estado de Derecho, pero muy desgastados por la politización que sufren desde hace décadas?
–Evidentemente, corremos el riesgo.
–Los daños en prestigio y credibilidad que ha sufrido la mayoría de instituciones se debe en buena parte a la opacidad que han practicado los políticos que las han controlado, una falta de transparencia clónica a la que se ha practicado en los partidos mayoritarios españoles.
–Es así, sin matices. Esos daños son reflejo de las peores prácticas, de una gran suficiencia y del mayor paternalismo posible hacia el ciudadano. «Yo no tengo que atender al ciudadano, yo no tengo que rendir cuentas ni dar explicaciones porque esto se ha hecho siempre así. Contrato a esta o aquella persona porque es lo normal y es lo que harías tú». Estamos acostumbrados porque es lo que siempre hemos escuchado. Esas cosas se han dicho muchas veces abiertamente y han contaminando a la institución pública de parte a parte.
–¿Qué se le puede responder a una persona que, apoyándose en todos estos problemas, defienda que España no es realmente una democracia?
–Esa sería una opinión muy personal. Desde mi punto de vista te puedo decir que tenemos una democracia muy joven y unas administraciones muy viejas, poco acostumbradas a la rendición de cuentas y a otras prácticas normales que se consideran «demasiado modernas». La española no es la democracia más participativa. A veces, la participación se resume a ir a votar cada cuatro años. ¿Qué se puede hacer? Movilizarse para invertir la tendencia poco a poco, ayudados por el cambio generacional que se está produciendo. Básicamente, nos queda todo por hacer en todos los aspectos. España siempre ha sido un país con muy poco asociacionismo; la sociedad civil ha solido estar bastante invertebrada e inactiva, pero ahora cada vez se elevan propuestas más sólidas y avanzadas. Y, claro, cada vez hay más instituciones dispuestas a escuchar y a beneficiarse de ese conocimiento.
–¿Saber la verdad da miedo?
–No, en absoluto. No lo veo así. Creo que muchas veces lo que nos pasa es que cuando llegas a una información nueva que te explica que se ha destapado una gran trama de corrupción, que durante muchos años ha estado adjudicando contratos públicos de forma fraudulenta, no solo no da miedo sino que a mucha gente no le extraña porque lo único que no conocía del caso eran las cifras en las que se movían los contratos. Nos hemos inmunizado un poco ante este tipo de cosas, ya te dedicas a esperar al siguiente escándalo de corrupción.
–¿Cuál es el partido más transparente de los que funcionan en España?
–Te puedo enumerar los partidos que están aplicando medidas de transparencia concretas. El más transparente en conjunto no sé cuál es porque incluso al más transparente mañana lo puedes coger con un escándalo por otro lado. Normalmente, los partidos pequeños son los que más nos están escuchando, sobre todo con las demandas para que se publique la agenda de trabajo parlamentario. Nosotros llevamos un tiempo desarrollando un proyecto que se llama Quién Manda, una aplicación web que sirve para que los diputados expliquen con quién se reúnen y cómo influyen esas reuniones en las decisiones que toman. Partidos como Iniciativa per Catalunya-Els Verds son los que elaboran esa agenda de forma más completa. Chunta Aragonesista fue también una de las primeras formaciones en facilitar estos datos y, después, UPyD también ha ido adoptando buenas medidas de transparencia con sus agendas. Pero la transparencia no depende solo de los políticos, los funcionarios sin filiación partidista tienen mucho que decir en este aspecto con sus hábitos de trabajo. Volviendo a los partidos, siempre son los pequeños los más activos en la mejora de la transparencia.
–En España sigue sin legislarse ni controlarse la relación entre los partidos y las instituciones con los lobbies. En otros países como Chile, ese aspecto ya está dentro de la ley.
–Se pedía que la relación con los lobbies fuera un apartado de la Ley de Transparencia, pero aquí, a diferencia de otros países, no ha ocurrido así. La regulación de los lobbies está dentro del reglamento del Congreso. Durante los últimos dos años ha habido muchas propuestas para cambiarlo, pero en ningún momento se han puesto de acuerdo los dos grandes partidos. Cuando han entrado otros temas en la agenda política, el lobby ha salido de la conversación. La medida en la que todo el mundo más o menos coincide es que tiene que haber un registro de lobbies para saber qué personas entran con la misión de hacer un trabajo de influencia sobre un tema concreto. En el Parlamento Europeo se hace así… aunque todavía es voluntario. Nosotros ya hemos alertado muchas veces de que el trabajo de lobby no se hace solamente con el poder legislativo: la gente va a los ministerios, va a Presidencia, a La Moncloa… para contagiar sus intereses comerciales o sociales a la persona que manda. Hay asociaciones de lobbistas que están reclamando para sí esos registros para poder trabajar de forma acreditada, en vez de como lo hace un pequeño grupúsculo de la sociedad civil que va al Parlamento a intentar imponer sus medidas.
–Cuando escuchamos la palabra lobby pensamos automáticamente en mafia, en oscuras intenciones.
–Y en reuniones ocultas en hoteles de lujo.
–Pero ser un lobby no implica ir en contra de los intereses comunitarios.
–No. Se puede hacer lobby en contra o a favor del bien común. Nosotros también somos lobby: intentamos convencer a los políticos por medio de nuestra influencia para que abran al público sus agendas. Cuando intentamos que adopten la visión que nosotros tenemos sobre la rendición de cuentas queremos persuadirles de que nuestra postura es necesaria y deben tenerla en cuenta. Normalmente, cuando te reúnes con los partidos, todos te reciben muy bien y parecen dispuestos a escucharte. Que acaben aplicando ciertas medidas ya es más complicado. Lobby estamos haciendo casi todos.
–Aunque hayáis publicado informaciones que a más de un político o empresa no le hayan hecho ni pizca de gracia, parece difícil ir contra Civio porque no utilizáis un lenguaje partidista ni agresivo. Dejáis mucho margen para que cada uno de vuestros usuarios saque sus propias conclusiones.
–Muchos de esos estudios que hemos publicado se basan simplemente en el sentido común, es difícil refutarlos por interesados. Además, nuestras propuestas están amparadas en estándares internacionales. Es fácil trasladar esas ideas a la mayoría de los ciudadanos. Casi todo el mundo quiere que las cosas funcionen bien. Aún así, nos hemos llevado más de un portazo a la hora de pedir ciertos documentos, como por ejemplo los Presupuestos Generales de forma desglosada. Lleva ocurriendo desde noviembre de 2012, cuando pedimos al Congreso las partidas del año siguiente. Empezamos a hacerlo porque hacía tiempo que veíamos en algunos medios datos concretos de proyectos que saldrían de partidas muy específicas que no se podían consultar públicamente. Alguien estaba filtrando esos datos. Al pedir esas partidas siempre nos han remitido a los Presupuestos Generales del Estado y allí no vienen explicados de forma detallada. La última vez ocurrió hace unas semanas: nos dijeron que no tienen esa información cuando sabemos que la Mesa del Congreso aprobó esas partidas el 23 de septiembre. Con más o menos detalle, esos datos los van a tener que dar a conocer cuando entre en vigor el próximo 10 de diciembre la Ley de Transparencia.
–¿Julian Assange llegó demasiado lejos con Wikileaks?
–Ese tipo de cosas forman parte de una conversación bastante diferente al debate de la transparencia. Así lo veo. Jordi Évole hizo un Salvados en La Sexta para hablar de transparencia, entrevistó a personas que reflexionaban sobre ese aspecto, pero el programa terminó con una entrevista a Julian Assange. Wikileaks son ultrafiltraciones de unas informaciones muy delicadas y sensibles, no lo metería en el mismo cajón que la transparencia. El caso de Wikileaks es mucho más periodístico y activista, mientras que el debate de la transparencia se basa más en criterios de convivencia social. Me parece muy difícil meter a los dos conceptos en el mismo cuadro y al mismo tiempo. Un ejemplo para ver hasta dónde llega la transparencia es que tú puedas solicitar la consulta de sus correos electrónicos. Eso le ha pasado a Sarah Palin en Estados Unidos: cuando ella manda un correo de carácter profesional en sus horas de trabajo, se entiende que puede tener interés para el ciudadano. No deberían hacer falta grandes filtraciones para conocer qué está pasando, como ha pasado recientemente con los correos de Miguel Blesa.
–Como periodista, ¿cómo valoras que se publiquen ese tipo de informaciones en un medio de gran difusión? ¿Ayudan a la transparencia o conducen a la gente a la anécdota sensacionalista?
–No ayudan a la transparencia pública, según la entendemos en Civio. Como lector y ciudadano, me gusta mucho leer periodismo de investigación, pero como te decía antes, estas noticias hay que cogerlas un poco con pinzas porque suelen salir en momentos muy particulares y las filtraciones son casi siempre interesadas; pero, por otro lado, hay grandes trabajos periodísticos basados en filtraciones para desvelar cómo trabajan ciertos conglomerados de empresas en Luxemburgo para evadir impuestos. A mí me gusta mucho el periodismo de investigación cuando hay un trabajo que le da contexto a la revelación porque te ayuda a entender la anécdota, a veces burda, que aparece en un correo electrónico entre dos personas presuntamente corruptas. Como lector, me encanta comparar cómo se trabaja en uno y otro medio y cómo se mueve cada periodista.
–¿Cuáles son tus referencias en España?
–Conozco un caso muy cercano. El proyecto España en llamas de Civio nació como un mapa para localizar todos los incendios forestales y contabilizar el número de hectáreas que se habían quemado en nuestro país durante los últimos diez años. Hicimos un crowdfunding para poder reunir y estudiar todos esos datos, además de analizar cómo son las sentencias que se derivan de esos casos para saber si la Justicia combate ese problema. Ese trabajo lo hizo un periodista que ahora trabaja en El Mundo y que se llama Marcos García Rey. Anteriormente, él trabajó en el Consorcio de Periodistas de Investigación, que ahora ha desvelado todo el tema de Luxemburgo y es un periodista muy metódico. Siempre he pensado que el periodismo es un método: cuando tienes dos fuentes para contrastar una información, estás haciendo periodismo. Cuando vuelvas lo que has oído, estás haciendo otra cosa. La publicidad, la comunicación y el periodismo son tres métodos que a veces se confunden. Marcos es de los que lo anotan todo. Fue solicitando sentencias a todas las judicaturas. Fue haciendo periodismo de datos a partir de una base documental que se hizo él mismo. El periodismo de datos no es analizar las estadísticas que te dé una administración, un centro de estudios o una empresa. Hacer esa base de datos es la labor más complicada y costosa en el trabajo de un periodista, pero él se la fue fabricando con otro profesional que se llama Hugo Rosado.
–Ya que has mencionado al crowdfunding. ¿Te sorprende el altruismo de la gente para apoyar este tipo de proyectos?
–Nunca dejará de sorprenderme. Tanto el altruismo del que te sigue en cada uno de los proyectos en los que te metes, como del que conoce tu proyecto desde ayer y te apoya a muerte porque le atrae la idea que propones. Esa ayuda me parece admirable. Civio necesita ese apoyo de microdonaciones. Es el impulso que te dice que el proyecto va a merecer la pena.
Fotografía: María Medina Pons
Vídeo: Santiago Carrión / Diego Martínez
