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Alberto Fujimori sonreía montado en un tractor. Esa simpática imagen, de uno de esos programas de Informe Semanal de principios de los noventa, supone para muchas personas el primer recuerdo del ex presidente peruano. Con la perspectiva del tiempo y el legado de autoritarismo y terror de su gobierno, esa misma imagen se torna una broma macabra, que sugiere la cantidad de muertes, dolor e injusticia que sembró desde su investidura en 1990 hasta el año 2000, cuando el Congreso de la República rechazó la renuncia a su cargo, que el propio Fujimori había enviado desde Japón y le inhabilitó como presidente, aduciendo “incapacidad moral permanente”.

Tras la desastrosa primera legislatura de Alan García (1985-1990), que tuvo como consecuencia la peor crisis económica de Perú, Alberto Fujimori se presentaba en las antípodas de los políticos tradicionales. Un profesional independiente, alejado de los partidos clásicos, ingeniero agrícola y profesor universitario, severo, incorruptible, austero, acorde con la imagen de sencillez y honradez que ocupa la comunidad asiática en el imaginario colectivo peruano. Y, sobre todo, un hombre hecho a sí mismo, que no le debía nada a nadie. Con esta carta de presentación y por enfrentarse a un Mario Vargas Llosa que fungía como el candidato de las élites, Fujimori y su partido ad hoc, Cambio 90, consiguieron el apoyo de las clases populares e incluso de amplios sectores de la izquierda. Sin embargo, los siguientes años revelaron el carácter autoritario de su gobierno que no sólo se manifestó en el famoso “Autogolpe” de 1992, sino en una atroz política de represión contra la oposición. En su funesto balance de crímenes quedó probado que apoyó la formación del comando paramilitar Grupo Colina, responsable de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, además de numerosas desapariciones de líderes campesinos, estudiantiles y sindicales. Por esta senda de muerte, tortura y persecución de la oposición, y por los escandalosos casos de corrupción que se revelaron tras salir a la luz los vídeos de Vladimiro Montesinos, Alberto Fujimori fue extraditado a Perú, juzgado por corrupción y crímenes de lesa humanidad, y condenado a 25 años de cárcel.

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Ahora, su hija Keiko Fujimori, tras un excelente resultado que rozó el 40 por ciento de los votos en la primera vuelta de las elecciones peruanas del pasado 10 de abril, se dibuja como la vencedora del balotaje que la enfrentará de forma directa a Pedro Pablo Kuczynski el próximo 5 de junio. Sin caer en la mezquindad de insinuar que la losa de crímenes es una cuestión de herencia genética, lo que hay que denunciar es que Keiko, y su partido, Fuerza Popular, son convencidos representantes del fujimorismo. El reconocimiento de responsabilidades de los crímenes perpetrados por su padre fue muy leve, cosmético, lo justo para poder continuar en política sin estar excesivamente marcada por aquel periodo. Su discurso político se fundamenta en la “mano dura” contra la delincuencia y el terrorismo, acompañada de un conservadurismo moral muy beligerante contra el aborto y otros temas que son centrales en los discursos de las iglesias evangélicas de corte tradicionalista, ya que éstas suponen el grueso de las bases populares de su electorado.

Respecto al encarcelamiento de su padre, Keiko moderó su discurso desde las elecciones que perdió contra Ollanta Humala en 2011. Entonces defendía con vehemencia su liberación. En la actualidad prefiere no comprometerse con el tema y manifiesta su respeto hacia la independencia judicial. Sin embargo, conocidos personajes de su partido, como la congresista Cecilia Chacón, abogan públicamente por su liberación, poniendo así esta cuestión en la agenda política. En ese sentido, también su rival, Pedro Pablo Kuczynski, asegura que otorgará el arresto domiciliario a Fujimori por su frágil estado de salud. Así que será más que previsible la excarcelación de Fujimori, con muchas posibilidades de reparación de su figura si los suyos llegan al gobierno.

En todo caso, ya sea con Keiko Fujimori o con el neoliberal Pedro Pablo Kuczynski, para las clases populares del Perú vienen tiempos aciagos. La candidata del Frente Amplio, Veronika Mendoza, rozó el 19 por ciento. El mejor resultado de la izquierda en Perú desde los años ochenta, pero insuficiente para pasar a una segunda vuelta. Por su parte, los mercados recibieron con júbilo el resultado del pasado 10 de abril y la bolsa peruana tuvo su mayor alza desde 2008. Con este panorama hegemónico para la derecha y el centro derecha, donde el eje político va a bascular entre el polo conservador y el liberal, todo parece indicar que los esfuerzos que dedique el Estado a la recuperación de la memoria y la reparación para las víctimas del fujimorismo van a ser nulos. Y hay más que previsibles indicios de que Alberto Fujimori será liberado. Ese ejercicio de olvido abriría las puertas a que el discurso de la lucha “contundente” contra el crimen volviera a justificar la represión de toda oposición en las calles. El olvido legitima la impunidad del Estado y deja paso a la posibilidad de revivirla pesadilla fujimorista.

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