Columna terminada sin saber a quién seleccionó el Senado para la Suprema Corte
Mientras en Londres Enrique Peña Nieto alababa los derechos humanos, sus operadores empujaban la polémica candidatura de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte y la principal funcionaria de Gobernación en el tema, Lía Limón, se iba como candidata del Verde, un partido que impulsa ¡la pena de muerte!
Casi todos nuestros gobernantes siguen atrapados en una contradicción hecha pública en 1989. Aquel año, Carlos Salinas creó en Gobernación una Dirección General de Derechos Humanos y para dirigirla nombró a Luis Ortiz Monasterio, un funcionario honesto y comprometido (los hay) al que neutralizó rápidamente el titular Fernando Gutiérrez Barrios, un personaje con linaje de represor.
Y ahí siguen. Crean burocracias y aprueban leyes y presupuestos creyendo ingenuamente que así devienen en paladines de modernidad. Tenemos uno de los tejidos institucionales más grandes del mundo, y tal vez el más inútil. Entre 2009 y 2013 doce organismos públicos federales dedicados a los derechos humanos se repartieron 28 mil 553 millones de pesos, y en esos mismos años casi se duplican las críticas de la ONU a México en sus Exámenes Periódicos Universales. La última reprimenda internacional se las dio Juan Méndez, relator de la ONU, quien asegura que la tortura es una práctica generalizada.
Ha habido, hay, algunos funcionarios comprometidos. Pienso en Jorge Carpizo, primer presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien, en dos años seis meses en el cargo, empujó el tema en serio. Para premiarlo, o para librarse de él, Carlos Salinas se lo llevó de procurador en 1993 y de secretario de Gobernación en 1994. El golpe a la autonomía de la CNDH fue brutal; ahí inició su trote hacia la intrascendencia llevándose con ella a casi todos los organismos públicos de ese tema. Espero que la nueva CNDH revierta el proceso y saque a estas burocracias de su irrelevancia. Entretanto, horroricémonos con el festín de incongruencias.
El caso de Eduardo Medina Mora es sintomático. Me detengo –por conocerlo en detalle– en una de sus manchas más importantes. Cuando era procurador fue informado por el gobierno estadounidense de los infames programas de contrabando controlado de armas a México. Era legítimo que buscaran conocer las rutas del contrabando, pero su método fue atroz: se enterarían cuando se recuperaran las armas en las escenas del crimen. Fuimos sus conejillos de indias porque con esas armas se ejecutó a bandidos y se asesinó a inocentes (por ejemplo, los jóvenes de Villas de Salvárcar).
Rápido y Furioso (y quienes lo precedieron) también es infame porque desde que fue interrumpido en diciembre de 2010, por la muerte de un oficial estadounidense, ninguna autoridad mexicana ha esclarecido las responsabilidades. Y así vemos al presidente llenar sus discursos de los derechos humanos mientras propone a Medina Mora como ministro de la Suprema Corte. En el trasfondo está, insisto, la insensibilidad hacia millones de víctimas mexicanas. Esa falta de empatía con quienes ven sus derechos violados es lo que facilitó a Lía Limón a dar el salto mortal de funcionaria de Gobernación encargada del tema a candidata del Verde, un partido canalla.
Jesús Murillo Karam es un caso intermedio. Desde la perspectiva de las víctimas fue un buen procurador porque, entre otras medidas, incorporó a su equipo a funcionarios con un nivel de compromiso bastante superior a la media. En concreto, pienso, en Eliana García, encargada de la subsecretaria de Derechos Humanos, y Laura Borbolla, fiscal responsable de atender a los periodistas. Pese a esa mayor sensibilidad Murillo Karam naufragó cuando enfrentó la horrenda tragedia de Ayotzinapa. Entender a los damnificados de la violencia requiere algo más que discursos.
Al país le conviene que nuestra clase política salga de esa contradicción y se tome en serio el respeto a la dignidad humana. Una forma, brutal pero efectiva, sería un programa para que convivan durante 24 horas con un grupo de víctimas para escucharlas y entenderlas. A lo mejor y se desencadena una que otra metamorfosis.
La miscelánea
El Instituto Nacional Electoral (INE) debería aprovechar el insólito consenso al interior del círculo rojo e iniciar los procedimientos para quitar el registro al Partido Verde. El INE recuperaría una parte de su credibilidad maltrecha. ¿Se atreverán o dejarán que siga funcionando ese foco permanente de corrupción?
Comentarios: www.sergioaguayo.org
Colaboró Maura Roldán Álvarez.
