Cuando Cristina Cifuentes se convirtió en presidenta de la Comunidad de Madrid, pareció que olvidábamos quién era esa mujer de melena rubia, mirada astuta y apariencia moderna que nos pedía su voto, allá en mayo de 2015, desde los cárteles y marquesinas de Madrid. El Partido Popular realizó una extraordinaria campaña de marketing político para adecentar la imagen de una candidata que unos años atrás había escrito una de las páginas más negras de la historia de la autonomía madrileña. El Partido Popular habló de regeneración en sus filas, de relevo generacional, de cambio de actitud, de nuevo proyecto político. Cristina Cifuentes se convirtió en pocos meses en la candidata del cambio en un partido instalado en el inmovilismo político, que ha hecho de la inacción su herramienta de gobierno.
Nos vendieron la imagen de una mujer moderna, con ideas frescas, más mesurada y ecuánime, con predisposición al diálogo y al pacto. Una mujer fuerte, independiente, que circulaba en moto por Madrid, con tatuajes (hasta cinco, según ella confesó). Una mujer que sobrevivió a un grave accidente de tráfico cuando circulaba con su moto por el Paseo de la Castellana (sin ITV y por un carril prohibido). Una mujer que copó portadas de revistas de moda y tendencias, que hacía gala de un “espíritu rockero”, que llegó a definirse como “agnóstica, republicana y defensora del matrimonio homosexual”. Quizás Cristina Cifuentes representa mejor que ninguna otra la esquizofrenia de un Partido Popular capaz de sacrificar sus más rancios valores con tal de mantener el poder. O quizás es la introductora de ese nihilismo neoliberal que el Partido Popular ha comenzado a mostrar en los últimos años.
Quizá la desinformación con la que nos bombardeó la prensa en aquellos meses de 2015 haya borrado de nuestra memoria colectiva quién es realmente Cristina Cifuentes. Pues bien. Cristina Cifuentes era la Delegada del Gobierno en Madrid durante las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid durante el verano de 2012. Fue la responsable última de la brutal carga policial en la manifestación del 25-S. Yo estaba allí. Observé a los antidisturbios cargar y emplearse con más brutalidad de la que nunca había visto antes. Para quien no lo recuerde, los vídeos de aquel día se encuentran en YouTube. Antes de comenzar la carga, un grupo de encapuchados se situó ante los antidisturbios y comenzaron a golpearlos con unos sospechosos banderines rojos. Según se supo después, era la señal para el comienzo de la carga. Se dijo, y creo en esta teoría, que eran infiltrados de la policía cuya labor era reventar la concentración para provocar la carga de la UIP (Unidad de Intervención Policial). Quien haya acudido a una manifestación, sabrá que las banderas rojas de plástico barato no suelen abundar, y que son otros los símbolos que los grupos llamados antisistema utilizan. Tras esto se desató el caos. Los antidisturbios, desatados, enfurecidos, cargaron por todo el Paseo del Prado. Aquella noche nos dejó imágenes memorables, como la del camarero que se situó ante la puerta de su negocio extendiendo los brazos, impidiendo que los policías entraron en su local. En su frenesí, los antidisturbios llegaron hasta la estación de Atocha, entrando hasta los andenes y golpeando a todos los que encontraron a su paso: viajeros, personas en silla de ruedas, simples paseantes. Llegaron a intimidar a periodistas, exigiéndoles que entregaran los rollos de película e incluso destruyeron partes de las cámaras fotográficas.
No voy a caer en maniqueísmos ni en la tentación de describir a la UIP como asesinos a sueldo o demonios sedientos de sangre. Comprendo la tensión que se siente en una batalla campal, pues estuve allí y temblé de ira e indignación. Tampoco eximo de culpa a las unidades de la UIP. Los Pumas y Camel, acantonados en la comisaría de Moratalaz, adonde llevaron a los detenidos de aquella manifestación del 25S, no se distinguen por su respeto a los ideales democráticos. Aquella comisaría fue la misma a la que llevaron a los detenidos en la manifestación del 15-M de 2011, quienes relataron malos tratos, incluidos golpes tras la detención, comentarios homófobos, amenazas, negación de asistencia médica y alteración de los ciclos del sueño. Pero la responsabilidad de la violencia empleada por la UIP pertenece, en última instancia a la entonces Delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes. Fue una actuación policial que responde a su filosofía política: “Cuando digo: ‘si sacas la pistola es para disparar’, quiero decir que no amagues si no vas a dar”. ¿A esto se referían los medios cuando aludían a su “espíritu rockero”? Aquel día, los antidisturbios no amagaron. Dieron, y dieron muy duro.
Esta es Cristina Cifuentes. Hace un año, nos enteramos por la prensa de que había sido implicada en irregularidades en la adjudicación, en 2009, del contrato de comedor y cafetería del edificio de gobierno autonómico al Grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández. El mismo empresario que había financiado al Partido Popular con 160.000 euros en la campaña de 2007, en cuyas elecciones obtuvo una mayoría aplastante. Cristina Cifuentes se aferraba entonces a su condición de aforada, que la blinda ante las investigaciones de la Audiencia Nacional. Ahora, aunque ha dimitido de su cargo de Presidenta de la Comunidad de Madrid, mantiene el acta de diputada y, por tanto, su aforamiento. El cristal continúa siendo a prueba de balas. Hasta cuándo, no lo sabemos.
El pasado 21 de marzo, Cristina Cifuentes saltó a la primera plana gracias a la exclusiva de eldiario.es desveló que la presidenta madrileña obtuvo un máster en la Universidad Rey Juan Carlos sin haber pisado las aulas, sin haberse examinado de ninguna asignatura y sin entregar el Trabajo de Fin de Máster, con firmas falsificadas de profesoras incluidas y expedientes manipulados. El escándalo, destapado también posteriormente por El Confidencial, mayúsculo, ha movido el suelo bajo los pies de Cifuentes durante 34 días, pero ella se mantuvo, inamovible, en el cargo, denunciando una campaña de acoso y derribo contra su persona, acusando a personas de su propio partido.
Contra todo pronóstico, no ha sido el asunto del máster el que ha acabado con su carrera. Un vídeo de 2011 en el que se ve a Cristina Cifuentes siendo registrada por un guardia de seguridad tras robar dos botes de crema en un centro comercial ha sido el detonante de su dimisión, anunciada horas después de hacerse públicas las imágenes. Cifuentes ha dejado entrever que han sido personas del entorno del Partido Popular los responsables de su filtración, un partido que ha avanzado un peldaño hacia su conversión definitiva en mafia organizada, en banda criminal, con comportamientos propios de la Cosa Nostra. Un final patético, lamentable, cien por cien español, que pone de manifiesto el nivel de abyección al que ha llegado la política nacional. La moraleja es clara: si robas, no lo hagas como un pobre. Roba a lo grande. No traiciones a tu casta.
La verdad es como un caracol: camina despacio, pero avanza y deja rastro. Más tarde o más temprano, la mentira sale a la luz. Es imposible ocultarla indefinidamente. Aunque la indignación ya no recorra las calles y haya tomado la forma de discurso político en el Parlamento, no podemos olvidar aquellos días de miedo y vergüenza de 2012, ni los nombres propios que hicieron de Madrid la ciudad del asco y la ignominia. No pedíamos más que justicia y dignidad y respondieron a nuestras exigencias con ira y porras. Cristina Cifuentes no era y no es la renovación, ni la apertura a la modernidad ni al diálogo: es el maquillaje barato del partido más corrupto de la historia de España, que a duras penas puede ocultar la podredumbre de sus siglas y su total falta de escrúpulos. Toda la modernidad de Cifuentes se resume en conducir motos por la Castellana mientras baila al son del rock duro, del rock duro de la corrupción.
