Quince jueces declinaron la petición de amparo presentada por Carmen Aristegui. Uno la aceptó y tomó una decisión que sacude al Estado fantasmagórico que rinde pleitesía a los poderes fácticos, protege a los corruptos, ignora a los débiles y se olvida del interés general.
La empresa MVS despidió a Carmen Aristegui y su equipo hace algunas semanas (del que formo parte). Hubo inconformes que lo interpretamos como golpe a la libertad de expresión alentado desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. Para enfrentar el hecho, diferentes organizaciones interpusieron demandas que comentaré en otra ocasión para dedicar este texto a la sorprendente evolución que tuvo el recurso legal presentado por Carmen por medio del bufete de Javier Quijano.
Carmen pudo elegir una demanda civil para exigir el pago de daños y perjuicios. Optó por solicitar un amparo argumentando que sus derechos habían sido violados. Fue una decisión riesgosa porque el poder judicial tiende a ser conservador y temeroso de los poderosos; y los propietarios de la radio y la televisión lo son y mucho. Otro escollo son los usos y costumbres políticos.
Los concesionarios están convencidos de que el privilegio dado en usufructo por la nación es de su propiedad y creen tener puros derechos y ninguna obligación, salvo tratar con consideración al gobernante en turno. El convencimiento lo ha alimentado una Secretaría de Gobernación que abdicó hace mucho de su responsabilidad de supervisar que cumplan con la ley. He escuchado a tres secretarios de Gobernación reconocer su impotencia frente a ellos.
Lógicamente, MVS Radio consideró que podía modificar unilateralmente un contrato que garantizaba independencia editorial a la conductora y suponer que no debía rendir cuentas a nadie. Su sorpresa —y la de todos los concesionarios— fue mayúscula cuando un juez, Fernando Silva García, tomó el caso desechado por otros 15 e incorporó reformas a la Constitución de 2013 estableciendo que las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general y que el Estado debe garantizar, entre otras cosas, la pluralidad y la veracidad de la información.
El juez llevó el razonamiento a su conclusión lógica al considerar que si los concesionarios brindan un servicio público, para los efectos del juicio de amparo ello significa que MVS se convierte en una autoridad que realizó actos de forma unilateral modificando situaciones jurídicas y olvidándose de que sus funciones están normadas por la Constitución. Esta interpretación modifica de raíz el vínculo de empleada-patrón de Carmen y MVS y la ubica en la relación de presunta víctima de un acto de autoridad.
El juez ordenó a MVS y a Carmen que llegaran a un acuerdo antes del lunes 27 de abril. De no hacerlo, él realizará un pronunciamiento cautelar integral. La reacción de MVS fue retadora: “No hay acuerdo posible con Aristegui”. Si el juez ordena reinstalarla vendrán las demandas y las contrademandas y el asunto muy probablemente terminará en la Suprema Corte. La batalla jurídica será feroz porque el tema es complejo y afecta el margen de maniobra de las concesionarias.
Independientemente de la evolución que tenga este litigio, hago un alto aquí ante un hecho poco común: un juez da una interpretación moderna y garantista a la tensión entre legalidad y justicia. Silva García forma parte de una nueva generación de abogados con una sólida formación en el estudio de los derechos humanos que toman en cuenta las reformas constitucionales y las mejores prácticas internacionales.
En sus dos décadas en el Poder Judicial, este juez ha dictado sentencias de vanguardia y forma parte de quienes asumen a plenitud su papel como representantes de un Estado que tiene entre sus funciones más importantes salvaguardar el interés general respetando, por supuesto, derechos adquiridos. Este principio tan elemental es generalmente olvidado por un Estado blandengue ante los poderes fácticos y carcomido por su tolerancia hacia la corrupción. La displicencia con la cual el Instituto Nacional Electoral ha tolerado las violaciones a la ley del Verde son un claro ejemplo.
La libertad de expresión mexicana está sometida a un asedio múltiple. El caso de Carmen es escandaloso por lo visible pero no es el único. En ese contexto reconforta constatar que en el poder judicial hay jueces preocupados por proteger a las víctimas; y que uno de ellos lanza una señal alentadora: ¡sí hay Estado!
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Colaboró Maura Álvarez Roldán
