México, D.F. El pasado 27 de septiembre de 2014 unos enfrentamientos en Iguala de la Independencia, ciudad mexicana de 140.000 habitantes en el sureño estado de Guerrero, dejaron 6 muertos y 43 estudiantes desaparecidos. Un caso no resuelto, aunque cerrado por el Gobierno, que está resquebrajando la figura del presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto (EPN), a quien hace unos meses la revista Time dedicaba su portada con una imagen solemne y el siguiente titular: “Saving Mexico”.
La información del caso fue filtrándose con cuentagotas. Y venía sazonada con los ingredientes de la peor película de terror. A Julio César Mondragón, de 19 años y alumno, como los 43 desaparecidos, de magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, le habían arrancado la piel y los ojos todavía estando vivo.
Casi cinco meses después de los hechos hay 70 personas detenidas, entre ellas, policías municipales y el alcalde de Iguala y su esposa, acusados de haber entregado a los jóvenes a un cártel del narcotráfico. Tan solo se han identificado los restos de una de las víctimas, siendo imposible identificar a los demás, según los forenses, y la versión oficial es puesta en duda por los padres y gran parte de los mexicanos. Iniciado el nuevo año, la Fiscalía acaba de darle carpetazo al caso con un tajante “Los normalistas están muertos; fueron calcinados”.
Pero, después de Iguala, ¿podrá EPN salvar su presidencia?
El mundo mira hacia México
En México sucede lo siguiente, como si de una secuencia cinematográfica se tratara: “Ocurre una tragedia. El Gobierno dilata el proceso. La sociedad se indigna. Se cierra el caso. Llega el olvido. No hay culpables. Ocurre otra tragedia”.
Pero esta vez, debido a la magnitud de la tragedia, el mundo mira hacia México. Tanto es así que hasta septiembre, la comunidad internacional, que tanto había elogiado al gobierno de EPN, en el poder desde 2012, por haber logrado la aprobación de once reformas de fondo en un tiempo récord, empezó a cuestionar seriamente su liderazgo haciéndose eco de un horror que mantiene en pie de guerra a la sociedad mexicana.
La Eurocámara criticó con fuerza al gobierno mexicano en presencia de su embajador, José Gómez Camacho: “En el caso Iguala, el Estado carece de fuerza en la investigación; hay ausencia estatal y de voluntad política”.
Pero, ¿de dónde provenía esa imagen distorsionada de un México democráticamente fuerte?
Para David Martínez-Amador, académico asociado a la red Criminova-Criminex y profesor de la red de Universidades Jesuitas en América Latina (AUSJAL), “todo empieza desde abajo. Sin ir más lejos, el autoritarismo que hay en Guerrero es ‘marca PRI’. Aguirre, aunque es del PRD (Partido de la Revolución Democrática, izquierda), viene del PRI y por eso todos los partidos políticos tradicionales pagarán los platos rotos después de Ayotzinapa. En México gobierna la narcopolítica en la sombra”.
Después de Iguala, el PRI y el PRD quedaron señalados. Los primeros por haber permitido que se postularan a esos cargos políticos vinculados al crimen organizado, y los del PRD por gobernar con total impunidad (e inmunidad).
Durante una manifestación en la ciudad de México el pasado 20 de noviembre, el alcalde del Distrito Federal, el perredista Miguel Ángel Mancera, criminalizó la protesta pacífica con detenciones arbitrarias, lo que terminó de encender los ánimos a punto de combustión de una sociedad hastiada de tanta violencia y represión. Mientras, miles de personas mostraron su repudio con pancartas en las que se exigía la renuncia de EPN. Un inmenso “Fue el Estado” escrito en letras blancas en la explanada del Zócalo puso el acento de la movilización social.
El narcoestado infiltrado
Las Escuelas Normales son centros educativos que se erigen hoy como el último bastión de la histórica Revolución mexicana y cuya misión es formar maestros para que las comunidades rurales, muchas de ellas indígenas, cuenten con educadores que conozcan la zona y la lengua. Más de 150 alumnos de Ayotzinapa se dirigieron aquel 26 de septiembre a la localidad vecina de Iguala para recaudar fondos y acudir a la marcha del 2 de octubre en la capital mexicana que conmemoraba los 46 años de la masacre de estudiantes y obreros en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, una matanza cometida por el Gobierno de México.
Esa tarde, María Ángeles Pineda, esposa del alcalde José Luis Abarca, del PRD, y presidenta de la organización municipal de asistencia social a las familias, entregaba su balance anual.
De acuerdo con la investigación presentada por el procurador (fiscal) general de la República, Jesús Murillo Karam, la mujer del regidor perredista era “la principal operadora de actividades delictivas desde la presidencia municipal” y la que habría pedido a su marido y al jefe de la organización criminal Guerreros Unidos que impidieran a los normalistas reventar el acto. La policía municipal, después del enfrentamiento que dejó 6 muertos, entregó a los 43 jóvenes a miembros de ese cártel, en pugna por ‘la plaza’ de Guerrero con un grupo rival, Los Rojos.
Días después, en una rueda de prensa multitudinaria, Murillo Karam describió, apoyándose en una confesión grabada en vídeo por la fiscalía, cómo quemaron a los 43 estudiantes, apiñándolos en una pira funeraria improvisada en el vertedero de Cocula, a 15 kilómetros de Iguala.
El matrimonio Abarca, prófugo durante casi un mes, fue detenido en una maniobra bastante extraña en un barrio marginal de la ciudad de México. Por su parte, las respuestas poco convincentes dadas por el fiscal fueron macerando el malestar general de los ciudadanos. Y sin saber que seguía teniendo el micrófono abierto, pronunció, al dar por concluida la rueda de prensa, el hashtag que durante tres meses abanderó las protestas y llegó a representar el hartazgo de millones de mexicanos: #YaMeCansé.
Un mes después de la masacre, Ángel Aguirre, gobernador del estado de Guerrero por el PRD, anunció su dimisión.
Desde ese día se suceden acusaciones entre los partidos políticos, dejando al descubierto una profunda corrupción enquistada en toda la esfera del poder. Además, casi cada mes, en todo el país, se encuentran nuevas fosas clandestinas repletas de cadáveres.
A mediados de noviembre, la PGR informaba que unos fragmentos de huesos recuperados en una bolsa del río San Juan y aparentemente retirados del basurero donde fueron quemados los jóvenes, pertenecían a uno de los estudiantes desaparecidos. No obstante, ante las dudas, el Equipo Argentino de Antropología Forense, la única organización en la que confían los padres de los normalistas, emitió un comunicado en el que aclaraba que “no estuvo presente en el momento en que buzos y peritos de PGR recuperaron dicha bolsa ni participó en el hallazgo de dicho fragmento”. Los otros restos no contenían las suficientes muestras de ADN para proceder a su identificación.
México a la deriva
Los sistemas presidencialistas como el de México solo pueden cesar a un mandatario por razones de enfermedad o incapacidad. La maquinaria del poder está construida para proteger al hombre fuerte del Ejecutivo.
Una maquinaria que, en México, también protegió al presidente anterior, Felipe Calderón, del derechista Partido de Acción Nacional (PAN), quien inició la guerra contra el narcotráfico en 2007 dejando un saldo de casi 100.000 muertos. En ese caso, explica Martínez-Amador, “se daba la misma práctica de terror y violencia: una guerra sucia dirigida por el Estado. La diferencia es que Calderón criminalizó a los pobres. Peña Nieto, representando a la línea liberal-modernizadora del nuevo PRI, reprime a los jóvenes pobres con ideología de izquierda, pero lo cierto es que se sigue manejando un narcoestado”.
Con esta evidente incapacidad por parte del Gobierno para combatir al narcotráfico, a los empresarios que lavan capital y a las mismas autoridades que los solapan y protegen, resulta muy difícil vislumbrar una salida a medio plazo.
Surge entonces la pregunta: ¿Tiene el Estado mexicano la capacidad de impartir justicia y dejar de ejercer una violencia sistemática? Difícilmente, porque como afirma Ricardo Luévano, investigador de Artículo 19, organización internacional de derechos humanos que defiende el derecho a la libertad de expresión, “lo de Ayotzinapa fue un crimen de Estado ya que la tortura y las desapariciones forzadas son sistemáticas en los tres ámbitos de gobierno contra quienes no están de acuerdo con la forma en la que se relacionan diferentes actores como el narcotráfico, las empresas y los gobiernos (locales y federales)”.
Guillermo Estrada, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincide con Luévano: “En el campo jurídico, lo que sucedió (en Iguala), por supuesto que puede ser responsabilidad del Estado. Por acción (fueron policías) y por omisión (el Ejército no auxilió a las víctimas), el responsable fue el Estado bajo los códigos del narco”.
La historia oculta de México
Lo que hay que contar y nadie se atreve es “la historia oculta de México”, afirma en entrevista telefónica Luis Daniel Vázquez, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso): “La conformación corporativa del poder en México está corrompida en todos los niveles. Hay casos como las regiones de Sinaloa, Sonora o Baja California en los que existe una convivencia tácita entre el crimen organizado y el poder político que viene de hace años y que conforma este narcoestado”.
Depurar estas formaciones políticas sería ir en contra de su propia gente porque, como añade Vázquez, “ningún político va a sancionar al otro y cuesta mucho que alguien deje el cargo. ¿Por qué? Porque en México no hay tanta responsabilidad democrática como en el resto de Latinoamérica”.
Para este investigador, la crisis actual que se vive en el país no es sólo de seguridad. “Es una crisis estatal que incluye a los poderes municipal, estatal y federal y que está basada en un narcoestado y en un proyecto económico neoliberal que ha acentuado las diferencias sociales desde hace años”.
Por eso, añade, “la solución a medio plazo pasaría por establecer un Congreso Constituyente que incluya a todos los mexicanos. La idea se está cocinando porque “es obvio que el proyecto de nación de EPN está agotado y no funciona”.
Reformar el sistema político
Ni las reformas electorales, ni la transición política del 2000 (año en el que el conservador Acción Nacional sucedió al PRI tras siete décadas consecutivas en el poder), ni la llegada de nuevos partidos han acabado con una forma de ejercer el poder basado en esas viejas estructuras. “Por eso es necesario crear el Congreso Constituyente. Sería la salida pacífica e institucional a esta crisis estatal. Lo otro sería represión generalizada o una revolución”, puntualiza Vázquez.
Martínez-Amador va más allá y propone reformar el sistema político actual porque “si los partidos políticos están en concubinato con el narco, ¿cómo vas a formar un Congreso Constituyente? Habría que crear un México parlamentario-federal para restarle poder al Ejecutivo. Si no, sólo quedan dos opciones: que la gente salga a la calle y acorrale al régimen autoritario o que se instale una fiscalía independiente con prerrogativas de Naciones Unidas para hacer justicia”.
Una opinión que comparte Estrada: “La renuncia posible de Peña Nieto no es el mejor cauce, porque vendría otro similar, o peor. Quizá debamos aprovechar el momento, los mexicanos, para repensar el sistema de partidos, el federalismo y otras instituciones del Estado”.
Con la debida presión ciudadana internacional, el Caso Ayotzinapa podría llegar a la Corte Penal Internacional. De no hacerlo, se corre el riesgo de que el gobierno mexicano siga capeando el temporal como pueda hasta que se olvide todo y surja un nuevo escándalo que tape el anterior, porque, como apunta Martínez-Amador, “navegar en época de crisis es una práctica normal de cualquier gobierno. En México, o la ciudadanía no deja de presionar, o el régimen buscará siempre cómo desviar la atención, aunque sea con la Copa de Oro de la Concacaf”.
Mientras que los ciudadanos y las víctimas esperan que llegue una justicia enmohecida por la falta de uso, miles de mexicanos muestran su hartazgo y su dolor por vivir en un camposanto repleto de narcofosas donde no se puede ofrendar la Cempasúchil, la flor mexicana de los muertos. Sus muertos.
Fotografía: Luis Ordoñez
