Para enfrentar el incendio guerrerense las dos comisiones de derechos humanos (la Nacional y la Interamericana) deben acicatear al Estado para que se tome en serio la atención a las víctimas.
El viernes pasado Emilio Álvarez Icaza (secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH) condenó, en el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, la indolencia del Estado hacia los desaparecidos y, en un momento de indignación, azotó contra el suelo una carpeta de documentos. También puso distancia de la decisión de los familiares de los jóvenes desaparecidos de ponerse a buscar los restos. Sus comentarios han sido ignorados por gobernantes y familiares, pero él cumplió con la obligación de los ombudsperson auténticos de incomodar a sus interlocutores.
Como analistas independientes también debemos agitar mentes y conciencias, lanzo una afirmación incómoda: no se justifican los actos vandálicos para condenar un crimen horrendo y exigir respuestas sobre el paradero de los desaparecidos. Tan condenable es la indiferencia e ineficacia estatales como el aventar un autobús contra la puerta del cuartel militar de Iguala o el cerrar carreteras y agredir el derecho a la libertad de tránsito de los ciudadanos.
El pretexto para atacar el cuartel es atribuir responsabilidades al ejército. Es una tesis frágil porque carece de evidencias. Eso lo reconoce uno de los organismos de derechos humanos que defiende a los familiares de las víctimas de Ayotzinapa. Santiago Aguirre Espinoza, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez declaró a Proceso (18 de enero de 2015) que “hasta ahora no hay elementos para decir que [tropas del ejército] actuaron de manera directa en la desaparición” de los jóvenes.
Coincido plenamente con otra afirmación de Aguirre: sí hay motivos para preguntarse sobre la “participación [del ejército] en todo el contexto previo”. Sigue entonces que antes de condenar al ejército requerimos de una explicación creíble sobre lo sucedido con los jóvenes y sobre la cadena de responsabilidades individuales e institucionales. Esa será la tarea de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la CIDH que encabeza Álvarez Icaza. ¿Cumplirán?
La CNDH se había convertido en un adorno costoso, inútil e irrelevante. Desde que eligieron a Luis Raúl González, en noviembre de 2014 la CNDH está mostrando una disposición a meterse a las trincheras. Una señal de los nuevos vientos es que la CNDH elevó los hechos de Tlatlaya al cajón de los graves. Ayotzinapa es un reto mayor por la magnitud del delito y por la conflictividad del estado. Por ahora, la CNDH creó, el 18 de diciembre de 2014, una Comisión Especial para el Caso Iguala que se sentirá estimulada por la llegada de la CIDH a México.
Un mes antes del relevo en la CNDH el gobierno mexicano invitó a la CIDH a dar asistencia técnica sobre las desapariciones de Iguala. La Interamericana aceptó y ya nombró al Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes que verificará las “acciones iniciadas por el Estado mexicano en la búsqueda de los normalistas”. Hay indicios de que la CIDH piensa ir al fondo de la tragedia porque en un boletín del 12 de noviembre aclaró que “cualquier apoyo técnico de la Comisión incluirá medidas destinadas a resolver los problemas estructurales subyacentes a las desapariciones forzadas, las cuales no se limitan al caso de los estudiantes de Iguala”.
Sería absurdo que los familiares de los desaparecidos y sus aliados se desmovilicen por la presencia en Guerrero de la CNDH y la CIDH. Su peregrinar es un recordatorio cotidiano de que debemos erradicar, entre otros actos de barbarie, la desaparición forzada. Lo injustificable es un vandalismo que parece inscribirse en la vieja tesis de que una revolución se logra “exacerbando las contradicciones”; en las condiciones actuales podría servir para justificar la represión en Guerrero y en el resto de México.
Al gobierno de Enrique Peña Nieto no le gusta estar sudando la gota fría en el banquillo de los acusados; le molesta la independencia de las comisiones y las acciones de los inconformes. Está atrincherándose y endureciéndose mientras el resto de la clase política voltea la espalda para repartirse las candidaturas y pelearse las prerrogativas. Las prioridades de los insatisfechos están en la defensa de las libertades alcanzadas, en la atención a las víctimas y en el rechazo al vandalismo provocador.
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Colaboró Maura Roldán Álvarez
