A la memoria de mi inolvidable maestro Moisés González Navarro
Quienes gobiernan la capital sostienen un idilio clandestino con las constructoras. Si el Presidente se hizo de una Casa Blanca, ellos se apropiaron del suelo de una urbe. Ese romance defeño está siendo enturbiado por vecinos bien organizados.
La alternancia hizo añicos el centralismo presidencialista pero incrementó la tradicional especulación con tierras urbanas. Por eso es que las ciudades y pueblos mexicanos han crecido de manera desordenada. La izquierda gobierna la capital desde 1997 y es encomiable la atención que ha dado a grupos vulnerables y la ampliación de derechos, aunado a la implementación del sistema de bicicleta compartida, Ecobici.
Es igualmente constatable su envilecimiento cuando justificaron la especulación urbanística con la Norma 26 que arropa la barbarie invocando la construcción de “viviendas de interés social”. Fue tanta y tan evidente la corrupción que Marcelo Ebrard interrumpió una norma que ha dejado cicatrices por toda la ciudad.
Josefina MacGregor, de Suma Urbana, fue entrevistada por Carmen Aristegui el pasado viernes 6 de febrero. Asegura que 4,000 edificios ilegales se tramitaron como Norma 26 y cada uno de sus departamentos se vendió en un promedio de 5 millones de pesos. Por ese negocio multimillonario no hay un solo sancionado pese a que fueron copartícipes de la rapiña funcionarios de instituciones federales, capitalinas y delegacionales.
No me voy a detener en la denuncia; prefiero celebrar una victoria del interés general. La batalla por la defensa del suelo capitalino la han librado vecinos de toda la ciudad que han perseverado pese a derrotas y soledades. De esas experiencias nació esta curiosa organización: Suma Urbana, que asesora a movimientos vecinales y cabildea a políticos y funcionarios apoyándose en información de muy buena calidad. Sus integrantes han equilibrado las protestas con propuestas basadas en la comprensión de las leyes y las normas, las tranzas y los moches.
Se han convertido en una organización confiable para medios de comunicación, académicos y aquellos funcionarios honestos que todavía tiene la ciudad, como Javier “El Güero” González Garza. Ese conocimiento especializado les permitió frenar, en el verano de 2014, el intento por reciclar la Norma 26 con un nombre diferente. La semana pasada se enfrentaron exitosamente a una guerra relámpago orquestada desde el gobierno central.
El 30 de enero la oficina de Miguel Ángel Mancera envió a la Asamblea Legislativa una nueva versión de la Norma 26. Ricardo Pascoe la calificó como “lo mismo pero más perverso”, porque abría absolutamente todas las colonias del Distrito Federal a la especulación. Es un absurdo que el perredismo vaya denunciando la opacidad peñanietista, pero imite la cultura priista: mantuvieron en secreto el contenido de la normatividad que los asambleístas debían aprobar el 6 de febrero.
Suma Urbana empezó a difundir información entre vecinos y entre quienes tienen la capacidad de decidir. Lograron que la bancada del PAN en la ALDF se pronunciara en contra, al igual que algunos asambleístas del PRD. Una buena noticia es que los principales cuadros de Morena en la capital se pusieron a favor de la petición ciudadana de contar con una política urbanística respetuosa de sus habitantes.
El jueves 5 de febrero la Asamblea reculó y suspendió la sesión extraordinaria en la cual debería aprobarse una legislación irracional. Se impuso el interés general. Se frenó la corrupción. Es una victoria temporal porque sigue la ofensiva contra la capital. Lógico que así sea. Los cambios de uso de suelo son una fuente de ingresos que permite a políticos y funcionarios mejorar sus ingresos, financiar sus carreras políticas o hacerse de ese “guardadito” que les permitirá sobrellevar cualquier tropezón en la incierta política.
En la batalla por el urbanismo defeño el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha adoptado la actitud de la esfinge: está sumido en el mutismo pero deja que continúe la ofensiva hormiga contra el suelo. Tiene preguntas que responder: ¿el haber sido abogado de constructoras ha influido en su laxitud frente a las construcciones irregulares?, ¿está a favor o en contra de la Norma 26?, ¿cuál es su proyecto urbanístico? Ni él, ni el PRD parecen entender que después de la Casa Blanca y Malinalco la relación entre políticos y constructoras se ha convertido en asunto de interés nacional.
Comentarios: www.sergioaguayo.org
Colaboraron Paulina Arriaga Carrasco y Maura Roldán Álvarez.
