La noticia saltaba a principios de octubre del año pasado: España es, tras Camboya, el país con mayor número de desaparecidos. Casi 40 años después de la muerte de Franco, 36 después de que los padres de la Constitución se olvidaran, dejándola enterrada en una cuneta, a media España.
En 2007, el Gobierno español encabezado por Zapatero aprobó la Ley de Memoria Histórica (con voto en contra de PP y ERC). Por esta ley “se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”. Esta legislación se convirtió pronto en un arma arrojadiza entre diferentes formaciones políticas: el PP acusando al PSOE de “remover el pasado para reabrir viejas heridas” y el PSOE acusando a los populares de filofranquistas (razón no les falta en muchos aspectos). El problema se incrementa porque el pasado no es tan lejano, cuando hoy en día siguen en las altas esferas políticas y económicas muchos herederos del franquismo más acérrimo y radical. Que juzguen al padre de uno, o al abuelo de otro, no puede estar bien visto a la hora de hacer carrera en este sistema de puerta giratoria. De hecho, nada más llegar Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno central, cerró el grifo de subvenciones que servían para exhumar los cadáveres enterrados fosas comunes. A esto se sumaron intervenciones de populares como las del diputado Rafael Hernando en 13TV, donde aseguraba que “algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo».
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Los mismos que aplaudieron los juicios de Nüremberg son los mismos que exilian al juez Garzón, nuestro magistrado más rockstar, al ostracismo judicial por haber intentado juzgar al franquismo. Un juicio que era meramente simbólico y con el único fin de restablecer la moral y la dignidad de muchas familias que perdieron a sus padres, tíos o abuelos en la Guerra Civil o durante la dictadura. De hecho, los imputados por Garzón estaban ya muertos. Un detalle, una verdadera forma de cerrar heridas pero de forma justa, no a través del paso de los años y el olvido. Las víctimas del franquismo veían como se desautorizaba al único juez que les ha escuchado: «La ofensiva de la derecha ha sido bestial y las consecuencias las han pagado Garzón y las víctimas», tal y como afirmaba en 2010 en una entrevista al diario Público el historiador Francisco Espinosa.
Mientras tanto, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que desde el año 2000 sigue peleando por la restauración de la dignidad del “otro bando”, intenta superar el silencio al que se ha sometido a las víctimas franquistas en nuestro país. Aún quedan más de 100.000 desaparecidos en más de 3.000 fosas comunes en España, 100.000 personas que no han podido ser enterradas de forma digna porque los diferentes gobiernos que hemos tenido desde la Transición han mirado para otro lado con tal de no reabrir heridas. Lo que no quieren ver es que la herida seguirá abierta y supurando hasta que el único homenaje a nivel oficial del Estado deje de ser el Valle de los Caídos, monumento a la reconciliación que fue construido a base de sangre, sudor y lágrimas de los que no quisieron aceptar el pensamiento único que dispusieron unos pocos en España a base de fusiles y terror.
No es concebible que en un Estado de Derecho como el que vivimos no se pueda hablar de nuestro pasado más reciente y doloroso para no incomodar a “sus majestades” de derechas. Tal y como decía el historiador francés Stéphane Michonneau, “España está enferma de su propio pasado”. Un pasado cargado de complejos y de miedos que nos imposibilitan mirar hacia él para no generarnos, 75 años después, la mayor de las vergüenzas.
Viñeta de Manel Fontdevila
