A las buenas o a las balas (y II)

En Argentina se sigue manteniendo la alarmante cifra de muertes a manos de la policía, ya bien sea directa o indirectamente. El caso de Rodrigo Corzo fue solo uno de entre los 4.644 casos que a día de hoy la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) lleva contabilizados desde 1983. Una tendencia que se disparó con la crisis de 2001 y que se mantuvo hasta la actualidad independientemente del gobierno que ostentara el poder.

***

Rodrigo, el delincuente

Hasta entonces Rodrigo Corzo era un chico normal. Un chico de 27 años que vivía en Hurlingham, al noroeste de Buenos Aires, en el conurbano, en un barrio de casitas bajas y blancas y de caminos de tierra sin asfalto. Casitas diseñadas para los trabajadores de una fábrica textil, donde trabajaba Narciso, su padre. Era percusionista en una murga llamada Chinaka Murguera e iba a jugar la pelota cada viernes. Técnico superior en Aduanas y Técnico mecánico. Hablaba tres idiomas: inglés, francés y portugués.

Es por todo esto que los padres jamás entendieron qué hacía Rodrigo con un arma e involucrado en un tiroteo.

Porque ésta fue la versión que dio la policía:

A la 1:30 de la madrugada del viernes se divisó un Renault 19 con dos jóvenes en su interior que, al ver el patrullero de la policía, realizó «un movimiento sospechoso», por lo que el patrullero procedió a perseguirle. Cuando estaban siguiéndole, el joven que iba conduciendo sacó un arma por la ventanilla y realizó dos disparos hacia el patrullero. El acompañante se tiró del vehículo en marcha «y se esfumó». Como respuesta, el subinspector oficial Cristian Alfredo Solana, un distinguido miembro del cuerpo que además realizaba tareas de formación en la comisaría de Morón, sacó su revólver y disparó dos veces contra el auto de Rodrigo. Una de las balas impactó en el conductor, que moriría poco tiempo después. El auto siguió en punto muerto y se acabó de detener a unas cuadras. Horacio Nuñez, que iba conduciendo, dijo que padecía de vértigo por lo que cuando estaba cruzando el puente se tuvo que tapar los ojos, lo que le impidió ver lo que ocurrido.

Cuando investigaron el Renault 19 de Rodrigo encontraron el arma en el asiento del copiloto. En su riñonera se encontró también documentación de una mujer que, tal como se supo más tarde, había sido atracada unos días antes. De todo ello fue testigo un remisero (taxista) que aquella noche estaba cerca del puente. El remisero declararía que, aunque no supiera mucho de balística, se habían escuchado cuatro disparos, y que fue capaz de diferenciar el arma que disparó dos de ellos, un revólver calibre 22, es decir, del arma que encontraron a Rodrigo. También hubo otro testigo. El dueño de una verdulería que hay al costado del puente, y que tenía su tienda abierta las 24 horas, que reconoció que escuchó cuatro disparos, y que, incluso, pudo divisar desde su tienda como salía un fogonazo desde el coche de Rodrigo.

Independientemente de que Rodrigo fuera o no disparando un arma, ya se puede apreciar en la declaración policial el estigma que manifiestan los policías cuando persiguen arbitrariamente a unos jóvenes por una maniobra sospechosa.

Esteban dice sobre esto: «Para nosotros la violencia policial tiene un anclaje social. Es una violencia legitimada por la sociedad. Nosotros (la organización a la que pertenece) tenemos una consigna: no hay olfato policial sin olfato social. Detrás de todo hay una estigmatización social que no es ingenua, que crea condiciones de posibilidad para que la policía llegue y violente. El policía no es un marciano. También es un actor social, por lo que también tiene esos estigmas que la propia sociedad crea».

Pero ésta es solo una de las causas por las que se producen casos como el de Rodrigo. El subinspector Alfredo Solana pertenecía a un cuerpo de policía y también hay que mirar a este si se quiere entender bien el problema. Detrás del caso de Rodrigo, no solo hay una sociedad que legitime el abuso policial. Para que esto ocurra hace falta también un Estado, una institución que ampare, proteja y promueva las detenciones arbitrarias, las torturas y los asesinatos.

Los fallos de la institución

En Argentina aún existe un procedimiento policial basado en la «portación de rostro». Un policía puede realizar detenciones preventivas, de modo que si alguien le parece sospechoso pueda éste ser detenido y llevado a un calabozo para la «averiguación de identidad». Esto legitima los abusos sistemáticos de la policía a aquellas personas que por su forma de vestir o por sus atributos físicos puedan llevar consigo un estigma social de «presunto delincuente”. Para Esteban, aquí es donde reside una de las claves del problema. «Las trayectorias vulnerables que perfilan las policías con la violencia policial se inauguran con la sistematización de la averiguación de identidad. Hay que pensar la violencia policial sobre todo a partir de la detención. La policía además de tener el monopolio de la fuerza tiene el monopolio de la identidad. No solo reprime, sino que produce identidades vulnerables. Lo que hace en ese momento es certificar el estigma: lo corrobora y lo perpetúa en el tiempo».

Además, esto ocurre en el contexto de una institución militarizada con antiguos códigos de procedimiento. Sofía Tiscornia, coordinadora del equipo de Antropología Política y Jurídica de la Universidad de Buenos Aires y especializada en violencia policial, asegura en uno de sus artículos —Violencia policial, de las prácticas ordinarias a los hechos extraordinarios— que «las estructuras organizativas militarizadas son comunes a todas las fuerzas policiales del país. Si bien las leyes orgánicas que las rigen destacan que se trata de cuerpos de seguridad civiles, la normativa y la práctica las han estructurado como cuerpos con esquemas de autoridad militar, con jerarquías rígidas y sistemas de control interno corporativos y poco transparentes. Esta militarización de las policías se ha debido en buena medida a las modificaciones impuestas durante las dictaduras militares».

Para cerciorarse de ello, basta con hacer una búsqueda rápida para saber qué ley es la que regula el comportamiento policial. La ley es la 21.965 (normas que regulan la relación entre el policía federal y la institución) y sus puntos más importantes no se modifican desde el 27 de marzo de 1979, es decir, desde que la impulsara el régimen de Videla, en plena dictadura militar.

Esta estructura militarizada asocia además al delincuente como un enemigo peligroso, lo que acaba propiciando que se utilice la fuerza y las armas para aplacarlo. Al final, abatir delincuentes se convierte en una práctica rutinaria y aceptada dentro de las policías provinciales.

Sin embargo, María Carmen del Verdú no piensa lo mismo. «Mucha gente dice «los policías son unos animales, no están bien preparados o fueron entrenados por otro que fue entrenado en la dictadura». Que ya han pasado 30 años, ¡no jodamos! Hoy hablamos de tipos que nacieron después del 83 y que sin ninguna duda fueron entrenados y capacitados en democracia». Ciertamente la dictadura acabó en 1983 por lo que también sería lógico adoptar también la postura de Verdú, de que esto son solamente excusas para justificar una represión institucional que, sea quien sea el gobierno, va a haber siempre que el estado sea capitalista y la sociedad esté dividida en dominantes y dominados, en ricos y pobres.

La policía, además de tratarse de una institución con una estructura militarizada y cuya rutina es el uso de la fuerza, también es autónoma e independiente. Esto provoca que, una vez se haya producido el caso de violencia policial, la misma policía sea la encargada de llevar la investigación, lo que posibilita que se oculten, destruyan o directamente se creen nuevas pruebas para evadir la justicia.

Fue así como se fabricó la historia de Rodrigo Corzo.

La investigación recayó en manos de los familiares y de la abogada Carmen Verdú. Si por la institución fuera, el caso se habría cerrado sin más y nunca se hubiera descubierto que la posición corporal que tenía Rodrigo a la hora de recibir la bala era incompatible con que fuera disparando por la ventanilla. Nadie hubiera puesto el más mínimo interés en percatarse de que el vaho de las ventanillas indicaba que estas iban cerradas, por lo que difícilmente podría ir disparando a través de ella. También se hubiera pasado por alto que no se hallaran restos de pólvora ni en el coche, ni en el cuerpo, ni tampoco en la supuesta arma de Rodrigo. Hubiera parecido incluso plausible que el acompañante de Rodrigo saltara del coche y «se esfumara» en la noche. Es decir, hubiera sido plausible que un supuesto hombre saltara de un coche que va a 30, 40, 50 km/h —incluso más rápido porque estaban en una persecución— cerrase la puerta mientras salta —todas las puertas del coche estaban cerradas— se levantara y echara a correr, mientras que el patrullero que iba detrás en persecución no pudiera hacer nada para detenerle.

Se hubiera dado por bueno que Horacio Nuñez fuera con los ojos cerrados conduciendo el patrullero mientras cruzaban el puente, por culpa de su vértigo.

Se hubiera dado por bueno el testimonio del verdulero, que al final reconoció que él venía del baño cuando ocurrió todo y no había visto nada.

Se hubiera dado por bueno el testimonio del taxista, que aseguraba poder reconocer el calibre de un arma solo con escuchar su detonación.

Se hubiera pasado por alto que ambos testigos eran casualmente amigos de los policías.

No se hubiera encontrado otro testigo meses antes del juicio, que en aquella oscura madrugada del viernes se hallaba esperando un autobús a la salida del puente. No se hubiera contado con su testimonio, que aseguró que solo se escucharon dos disparos y que estos procedían del patrullero.

Y por último. Nadie habría presionado a Horacio Nuñez en un juicio donde, preso de su nerviosismo, se le llegó escapar que el coche de Rodrigo «estaba limpio» cuando lo inspeccionaron. Es decir, Rodrigo no tenía ningún arma, se la colocaron después.

—Solana ahí se puso las manos a la cabeza mirando para su abogado porque sabían que estaban perdidos — dice sonriendo Micaela.

Así fue como criminalizaron a Rodrigo, algo habitual en la policía a la hora de recomponer los hechos. En todos los patrulleros suele haber documentación robada y armas no reglamentarias —llamadas «perros» en el argot policial— que colocan a la víctima, de modo que luego pueda resultar más fácil alegar que la víctima era un delincuente y que ellos actuaron en defensa propia. En el caso de Rodrigo, tuvieron toda la madrugada para fabricar los hechos. Desde la 1:30 en que lo asesinaron hasta las 10 —casi nueve horas después— que avisaron a la familia. Luego, a esa misma familia, si decide seguir adelante con el caso, se le hostiga y amenaza en muchas ocasiones para que les entre miedo y decidan no seguir reclamando justicia. Por eso, dice Micaela, «es tan necesaria la organización, porque un solo individuo es mucho más vulnerable a los ataques de la policía si no está organizado».

Así es como se organizan las familias. Merece la pena resaltar algunos de los casos que hacen reunir a las madres en las plazas, en los parques, en las comisarías y en los ayuntamientos. Porque no solo es la violencia policial lo que une y entrelaza la pena y la rabia, los estruendos de sus gargantas. También las une la falta de justicia.

La injusticia siempre presente. Un día en la plaza

Sergio Durán, detenido el 6 de agosto de 1992 en Morón. Torturado toda la noche para que confesara un homicidio que no había realizado. Murió de un paro cardiorrespiratorio por la descomposición del sistema nervioso y endocrino. Tenía 17 años.

¡Sergio Durán! (Grita la oradora)