Lo que más escama la piel no es ver cómo una crisis política se convierte en un problema judicial a nivel internacional a fuerza de decretar órdenes de detención y prisión preventiva para unos cargos públicos que, aunque lo habían prometido a sus votantes en el programa con el que se presentaron a les elecciones de 2015, no tuvieron el valor de firmar oficialmente la declaración unilateral de independencia de Catalunya que votaron en el Parlament. Legalmente, todo fue un paripé, como se quejaba la CUP tras lo ocurrido el pasado 10 de octubre. Hubo un par de leyes que se saltaban todo un ordenamiento jurídico para sostener con pinzas lo que no se atrevieron a refrendar de forma oficial. Y ya está. La independencia fue humo. La DUI se perdió entre mucha frase grandilocuente, mucha pirotecnia simbólica, mucho “nosotros somos nosotros”, como escribía hace un par de días Guillem Martínez en CTXT en otra de sus magistrales crónicas.
Llenar las cárceles españolas de políticos catalanes ni resuelve el problema del encaje de Catalunya ni acaba con el sentimiento independentista. Produce justamente el efecto contrario. Rompe aún más España. La caza de Llarena y el resto de profesionales de la justicia que están participando en esta locura sirve, además, para comprobar cómo el Partido Popular ha terminado de reventar la separación de poderes en España, curiosamente, durante la legislatura en la que los populares cuentan con menos fuerza en votos y escaños desde 1989, cuando empezó el auge de una derecha que se ha dedicado a vaciar las arcas públicas con una mano y, con la otra, a cargarse la convivencia pactada en la Transición (un pacto en el que Alianza Popular participó de forma discreta y a regañadientes). Cada vez que ha necesitado una cortina de humo para tapar sus vergüenzas, el PP ha agitado el avispero de Catalunya. Los mismos que consiguieron apartar de la carrera judicial a Elpidio Silva y Baltasar Garzón, los jueces que les investigaban, y que no saben nada de la Caja B, de Eme punto Rajoy, de la Gürtel, Púnica, Lezo o Pokémon están diciendo estos días que nadie puede estar por encima de las leyes del Estado.
Ser consciente de que la justicia española está controlada por uno de los partidos más corruptos de Europa es lo que realmente escama la piel –e irrita los ojos y seca la garganta, como si fuera una alergia de primavera que ha llegado para quedarse– porque ahora han caído Puigdemont y varios de sus consellers, pero mañana puede ser alguien que ni siquiera haya amagado con quebrantar la ley sino que haya hecho uso de su libertad para expresar algo que incomoda. Pienso en otro periodista, o tuitero, o rapero, o artista, o activista, o manifestante, o migrante sin permiso de residencia, o quien sea que se atreva a salirse de ese baldosín minúsculo en el que PP nos está obligando a vivir.
