Fotografía: Lorena Portero
Elpidio José Silva Pacheco (Granada, 1959) espera la entrevista sentado en un sillón iluminado por unos grandes ventanales. Su despacho, situado en el madrileño barrio de Argüelles, cuenta con una prolífica estantería donde hay mucho más que libros de Derecho. Desde Orson Wells a Kafka o Kundera, los lomos de los ejemplares indican que el tipo que tenemos enfrente tiene más dimensiones que la de hombre de leyes. Silva, con dos poemarios publicados y otros dos libros editados en los que explica sus tribulaciones al instruir el Caso Blesa, es un apasionado de la creación literaria. Una hora de charla con este andaluz –que llena de seseos un discurso que se despliega piano piano, subrayado por los movimientos de un purito sostenido con su mano diestra– es tiempo suficiente para abrir muchos cajones que se quedan sin cerrar en medio de preguntas lanzadas al aire. Educación, economía, ética y, sobre todo, política se van mezclando con la Justicia, su campo profesional desde que se doctoró en Derecho por la Universidad de Sevilla. Sin embargo, el magistrado lleva nueve meses inhabilitado (si el Constitucional o Estrasburgo no le dan la razón, debe afrontar 17 años de suspensión profesional) por presunta prevaricación en la instrucción de la causa que investigaba el hundimiento de Caja Madrid. Silva, en cambio, cree haber sido víctima del establishment por ser el primer magistrado en encarcelar a un directivo de una entidad financiera: Miguel Blesa de la Parra.
–¿Cómo descubrió la literatura? ¿Cuáles fueron sus primeros referentes?
–Una de las primeras novelas que me marcó fue La madre, de Gorki; no sé con cuántos años la leí. Fui un apasionado del cómic durante muchísimo tiempo.
–¿Sigue leyendo cómics?
–No, no leo cómics prácticamente, aunque me sigue pareciendo un género bastante potente. De vez en cuando compro algún libro o reviso entre los que tengo en mi biblioteca.
–Lleva más de 30 años en la carrera judicial y ha publicado dos libros de poesía. ¿Qué le viene a la cabeza cuando escucha el término ‘justicia poética’?
–Justicia poética… [piensa unos segundos] En principio, algo que tuviera que ver con la justicia y que contara con el añadido poético me llevaría a pensar en la filosofía de Platón, por ejemplo.
–En el primer libro que escribió sobre su experiencia como instructor del Caso Blesa, donde fue testigo de excepción del desmoronamiento del sistema financiero español y de la corrupción que anidaba en las cajas de ahorros, cita a muchísimos novelistas. La mayoría de esos escritores son extranjeros. Cuando usted expone la situación política, social, económica o judicial de nuestro país suele apostillar que lo que pasa en España haría tirarse de los pelos a cualquier noruego, francés o británico. ¿Seguimos teniendo complejo de inferioridad democrático respecto a Europa?
–Lo que le ocurre a España no es un complejo, es una realidad. La democracia española llega muy tarde y de una manera muy accidentada. Hablamos de una época marcada por el asesinato de Carrero Blanco y la muerte de Franco en condiciones un tanto extremas. El partido político que llega a España para montar la Transición [se refiere sin nombrarlo al PSOE] no tenía fuerza en el interior del país y se construye gracias a una serie de operaciones más que sospechosas. Solo hay que ver cómo se organiza el Congreso de Suresnes. Aquel partido se monta desde la tramoya, no desde las plataformas en las que se estaba organizando la ciudadanía. De unos inicios así no puede salir un experimento democrático real. La Constitución Española se parece más a un esquema de poder ya montado que a una garantía democrática para el pueblo. Lo que sucedió estaba anunciado. Muchos rostros del franquismo se dieron cuenta de que su recorrido político tras la muerte del dictador sería cortísimo y se adaptaron al nuevo sistema. El régimen no se termina con la muerte de Franco. Se perpetuó bajo la forja de un aparato democrático.
–Las primeras líneas de La verdad sobre el Caso Blesa apuntan precisamente en esa dirección: “El Régimen del 78 –como lo cataloga usted también– pese a su aspecto democrático tiene el autoritarismo en sus entrañas”.
–España es un país donde es habitual el maltrato al diferente en las instituciones o las empresas. Nosotros no hemos reconocido el bullying como un delito hasta hace unos años. España es un país donde sale gratis abusar de la gente porque no se toman medidas que repriman esas prácticas. No sabemos atenernos a un contexto en el que nuestra libertad venga marcada por unas reglas de juego. En España no hay una formación coherente que explique qué es la libertad y cómo ejercerla. La libertad exige una responsabilidad para ejercerla y su forja es un sistema jurídico que proteja al ciudadano.
–En los dos libros que ha escrito sobre su experiencia como juez instructor en asuntos de corrupción relaciona las tramas corruptas con personas concretas y las desmarca de los partidos. Pese a que tenía dirigentes implicados en los escándalos de Caja Madrid, Izquierda Unida le apoyó públicamente cuando el Consejo General del Poder Judicial comenzó a sancionarle por su instrucción del Caso Blesa. ¿Le falló el PSOE al no pronunciarse ante el acoso y las presiones que según usted estaba recibiendo?
–Creo recordar que Rafael Hernando tuvo una intervención en el Congreso donde mostró de forma bastante abierta una actitud de denuncia ante lo que estaba sucediendo en las filas del Partido Popular, que contaba con tantos implicados en aquella trama corrupta y no tomaba medidas. La agenda política es tremendamente complicada y muy dependiente de los temas que marcan los medios de comunicación.
–¿Qué es para usted la agenda política?
–Lo que dicen cada mañana el Estado español, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Creo que somos el único país europeo donde la agenda política va a remolque de la mediática, y la judicial, a remolque de la política.
–¿Considera que la agenda mediática la construyen los medios y los periodistas? ¿No viene marcada por intereses económicos, empresariales y, también, políticos?
–Eso sin duda. Los medios han levantado un escaparate que cubre la bochornosa agenda política de unos partidos que son incapaces de presentarse a sí mismos como organismos de trabajo a favor del ciudadano. No quiero decir que manden los medios en España: la agenda es la expresión de cómo será el trabajo de comunicación diario. En los últimos años hemos visto espectáculos denigrantes por parte de cargos electos e instituciones a la hora de comunicar decisiones políticas y aquí no ha pasado nada.
–¿Necesitamos que tanto los medios de comunicación como los políticos cuiden más el contexto de las situaciones sobre las que informan o legislan?
–Casi todos los problemas que sufre España se explican retratando el contexto en el que se toma una decisión. Ese contexto va mucho más allá de momentos determinados. El primer libro que escribo sobre la Justicia española es puro contexto [La Justicia desahuciada. España no es un país para jueces], no hay detalles del Caso Blesa sino el marco que explica que sucediera lo que sucedió.
–Cuando fue a la televisión a propósito de ese libro los periodistas que le entrevistaron en La Sexta Noche insistían en pedirle detalles de la gestión de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid.
–El país está metido en un nicho contextual espantoso, pero cuando llegan las elecciones la gente parece no querer darse cuenta de esa realidad. Lo que interesa a muchos es saber las obras concretas que hará en su municipio cada candidato si gana en las urnas. El problema, en cambio, está en los mimbres: ¿De qué nos sirve que un ayuntamiento construya dos centros cívicos si paga por ello el triple de lo que valen porque hay comisiones de por medio? Yo no quiero que se construya nada hasta que no se resuelva ese contexto lleno de virus democráticos llamado corrupción. ¿De qué nos sirve comprar un coche si la carretera por la que vamos a transitar está llena de socavones? El sistema político español está tocado y hundido porque la corrupción lo define por completo.
–¿La corrupción no definía ya al sistema político español en 1980? ¿O en 1908? ¿O a principios del siglo XIX?
–En los años 80 nos movía una esperanza mal procesada. Yo viví en esa esperanza. Soy de los juristas que se forman con la Constitución de 1978. Afortunadamente no tuve que estudiar las leyes franquistas. El Fuero de los Españoles y el resto de la legislación eran tremendamente aburridos. La Constitución inauguraba un período de cambio en el ámbito del derecho que ya había comenzado en la literatura española, que se adelantó a su tiempo (como suele ocurrir) gracias a la gran labor que hicieron desde Barcelona personajes como Carlos Barral o Gil de Biedma, que permitió el florecimiento de ese fenómeno que se conoció como el Boom Latinoamericano. El problema en el derecho español fue que algunos ya vimos en la primera legislatura socialista [1982-1986] que algunas leyes suponían alarmantes pasos hacia atrás. Por ejemplo, la Ley Básica de Régimen Local suprimió los cargos de supervisión de asignación nacional. Los secretarios, encargados de supervisar la gestión de un ayuntamiento, quedaban supeditados al alcalde, dificultando su tarea de detectar ilegalidades en los actos administrativos. ¡Aquello funcionaba peor que en la época franquista! Cuando veías la Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la Jurisdicción Pública, hacías un análisis político y te dabas cuenta de que se estaba retrocediendo. Es increíble, pero una ley franquista de 1964 legislaba mejor ese tema, por muy justita que fuese.
–¿Su desencanto con la Constitución y el nuevo marco jurídico se debe a que pasó buena parte de los años 80 estudiando en el extranjero?
–La Constitución comienza a ser claramente un obstáculo a partir de la crisis. En 2006 ó 2007 se empieza a ver en la sociedad lo que algunos observadores jurídicos ya veíamos: la Carta Magna tenía defectos de base que no ayudarían a España a salir de la crisis. Hay que recordar que Zapatero, mientras en Francia le advertían que cuidara del sistema financiero español, decía –allá por 2009– que aquí no pasaba nada. La Constitución establece en algunos ámbitos bases de trabajo que no son serias. Ya es hora de que estas cosas se afirmen de forma tajante. Profesión de derechos fundamentales: la Constitución ha fracasado estrepitosamente desde el punto y hora en que el Tribunal Constitucional dice que para que alguien pueda llevar un recurso ante el propio tribunal no solo se tienen que señalar todas las vulneraciones del derecho; también debe quedar reflejado que el asunto tiene trascendencia constitucional. ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Qué os ha pasado?
Ya sé que técnicamente esto no lo va a entender casi nadie. Estuve dos años cursando un seminario con un experto en Derecho Constitucional: Javier Pérez Royo. Estuvimos trabajando concienzudamente sobre la primera jurisprudencia constitucional. Vimos que al Constitucional se le podía ocurrir un buen día alterar el funcionamiento de la ley que rige al propio tribunal. Él es el máximo intérprete de la Constitución. Por lo tanto, allí se lo guisan y allí se lo comen. Hay que tener muy en cuenta lo que haga ese tribunal porque sus decisiones irán a misa, no hay respuesta jurídica posible a sus acciones. Debemos creer que el Constitucional actúa en un marco de muchísima reflexión. ¿Eso ocurre? La decisión de que un recurso de amparo solo sea admitido si tiene trascendencia constitucional es un hecho gravísimo que parece decirnos que no. Te puedes encontrar con que hayan vulnerado todos tus derechos fundamentales, empezando por el de tu libertad de expresión y, cuando llegas al Constitucional, no te admiten el recurso de amparo. ¿Qué es la trascendencia constitucional para esa gente?
–Usted se encuentra en esa tesitura después de que el Tribunal Supremo haya ratificado su inhabilitación durante 17 años como juez. ¿Qué espera del Constitucional?
–No espero nada. Que se dé prisa para que pueda irme corriendo a Estrasburgo.
–Lo ve más como un obstáculo que como una tabla de salvación.
–Es un obstáculo que hace que la gente pierda dinero por la serie de recursos que tiene que presentar para nada. Si tenemos que aguantar el tema de la “trascendencia constitucional”, al menos, el recurso ante el Constitucional debería ser optativo. Nosotros no lo plantearíamos y elevaríamos el tema a la Justicia europea directamente.
Ojo, hasta ahora hemos tratado el tema de los derechos fundamentales, pero hay un asunto peor planteado en la Constitución: la organización territorial del Estado. Una ley fundamental tiene que ofrecer una definición muy complicada: ¿Cuál es nuestra forma de Estado? La nuestra es una monarquía, que ocupa la Jefatura de Estado, de base parlamentaria y democrática. En el ámbito de la organización de las competencias tenemos algo que no hay Dios que lo entienda: se llama Estado autonómico, un modelo que no ha funcionado para Catalunya y, en menor medida, tampoco ha funcionado para Euskadi. Hemos llegado a un punto en el que las próximas elecciones catalanas tienen un cierto corte de plebiscito a favor o en contra de la independencia.
–Artur Mas llevaba meses dispuesto a disolver las siglas de CiU y apostar por una candidatura unitaria que abogase claramente por declarar la independencia de Catalunya. Unió Democràtica de Catalunya ya ha roto con Convergència y el camino parece libre para que el President ponga en marcha su hoja de ruta.
–La consecuencia, por tanto, de que la opción por la independencia gane las elecciones es que se lleve a cabo una declaración de secesión por parte del Parlament de Catalunya por pura coherencia con el mensaje mandado en campaña a los electores de las fuerzas políticas ganadoras. Eso nos situaría en las Elecciones Generales de noviembre en un marco en el que una comunidad autónoma se ha declarado independiente. Si Rajoy adelantara las elecciones a septiembre para hacerlas coincidir con los comicios catalanes y ganaran los partidarios de la secesión, el asunto aún se revolvería más. Si eso ocurre, España se enfrentará a un problema político de dimensiones desconocidas.
–La Constitución faculta al ejército para entrar en Catalunya –o en cualquier otro territorio del Estado– si se declara independiente.
–Los países que tienen un cierto interés en cuidar su Estado de Derecho tienen este mandamiento muy presente: las normas se tienen que cumplir en general. No se puede aplicar una ley solo porque alguien te caiga mal. Imagina que conduces un vehículo, llegas a un semáforo en rojo y te lo saltas. Te para la policía, ¿no? Te detiene y te multa. Imagina que mientras sucede todo esto, en un espacio pongamos de hora y media, ves que un coche tras otro se van saltando el mismo semáforo y nadie les dice nada. La corrupción no hubiera existido si no nos hubiésemos saltado el semáforo miles de veces. Cuando se analiza el país no se entiende muy bien por qué determinadas conductas provocan una reacción inmediata y con otras no se hace absolutamente nada. Es más, los juicios se eternizan y se postergan, si un juez quiere investigar algo se lo quitan de en medio…
–¿Qué le parece lo que ha ocurrido con el concejal Guillermo Zapata durante la última semana?
–Conozco el tema, pero no profundamente. Yo creo que un político que de alguna manera demuestre cierto rechazo por toda una comunidad –como la judía, la gitana, la china, la rumana o la que sea– debería tener muchas dificultades para dedicarse a la política. Hay que estar muy atentos a este tipo de actitudes para atajarlas. Creo que la decisión de Manuela Carmena ha tenido un cierto acierto porque lo ha cesado como concejal de Cultura.
–Califica como casta al entramado de políticos y empresarios que rigen los destinos del país desde 1978 y que, según apunta, son una continuidad de las clases dominantes durante el franquismo. Ya hemos escuchado sus críticas a la Constitución vigente y apuesta por abrir un proceso constituyente. Su lenguaje no difiere tanto en forma y conceptos de las tesis de Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero. ¿Si ha decidido lanzarse a la política por qué no está en Podemos? ¿El Movimiento RED, que usted lidera, acaba de despegar?
–Las sinergias que conformarán el nuevo tiempo político aún se están fabricando. Es posible que en un proceso político de esta naturaleza las transversalidades aún no estén terminadas. El pastel se está cocinando y no puedo prever qué ocurrirá en el futuro. Estamos en un momento muy parecido a los albores de la II República. El futuro de los críticos a la situación actual es la confluencia, pero hay que ver cómo se construye. Los dirigentes de Podemos y yo podemos tener puntos en común en determinados análisis, pero también hay divergencias.
Creo que el concepto de ‘casta’ debe depurarse más. La crisis no es tanto de los propietarios de los medios de producción como de los gestores. Un gestor de un banco puede hacer lo que quiera con esa entidad financiera sin poseer ni una sola acción. Fíjate lo que ha ocurrido con las cajas de ahorro. Eran de titularidad autonómica, pero ciertos gestores han hecho con ellas lo que les ha dado la gana y ahora se amparan en la presunción de inocencia. No creo que los dueños de los medios de producción estén menos cabreados que la gente de a pie por la gestión que han sufrido en sus propias empresas. ¿Qué vamos a hacer ahora con los gestores? Los titulares de los medios de producción durante la Guerra Civil le dijeron a Francisco Franco: “Quédate con las fincas porque nosotros ya no podemos gestionarlas”. Franco fue un gestor estatal… y de los medios de producción. El régimen tenía un marchamo muy estatalista, todo estuvo muy controlado en un principio por el aparato del Estado.
–¿Se siente más cerca de Podemos o de Ciudadanos?
–Para mí, Ciudadanos supone en principio una incógnita. Es verdad que coincido con Pablo Iglesias en que la división entre derecha e izquierda es un timo…
–¿También ha dejado de tener sentido para usted la división tradicional del espectro político?
–Esa división no me define la política que vivimos. Me marca mucho más saber si alguien quiere aceptar una medida anticorrupción o va a rechazarla, como han hecho muchos. ¡De izquierdas era Moral Santín y ya vimos lo que hizo en Caja Madrid! La urgencia nacional reclama mucha actividad por parte de la gente. Desde ese punto de vista, Ciudadanos no es una opción que perciba como cambio. Si es un partido que viene a regenerar a la derecha histórica supondría, eso sí, un paso adelante que sería vital porque necesitamos un partido conservador que esté homologado a los estándares europeos.
El PP no es ese partido. Lo que ocurre en el entorno del Presidente del Gobierno es alucinante. Si escribimos un artículo buscando las diez diferencias entre Rajoy y Cameron, nos sobran ejemplos. No sé si Ciudadanos se quiere colocar en la vía de una derecha moderna y civilizada, como la británica, o si quiere ocupar el espacio del centroizquierda. No lo veo claro. Veo demasiado acopio de gente que procede del PP, algo que conlleva la transversalidad de la que hablaba, pero que me lleva a tener ciertas cautelas respecto al partido de Albert Rivera.
–En la sala de espera de su bufete tiene un ejemplar de Gomorra. ¿Se siente una especie de Roberto Saviano de la Justicia española?
–No. La corrupción española es diferente a la italiana. En Italia la mafia no afectaba totalmente a las estructuras estatales: la corrupción estaba en la calle. Los españoles no montan mafias. España es uno de los países más antiguos de Europa: si hubiera una mafia española ya lo sabríamos. Tenemos eso de la picaresca, pero sabemos que ser pícaro no tiene nada que ver con ser mafioso. No hay nada más disperso y anárquico que la picaresca. Aquí, el Estado se ha puesto delante de la investigación judicial para paralizarla. Es complicado trabajar en libertad y sin miedo. En nuestro país se mina al mensajero. Nada de esto ocurrió en Italia cuando se empezó a combatir duramente las actividades mafiosas.
–Bueno, hubo asesinatos muy sonados. Acababa de entrar usted en la carrera judicial cuando la mafia siciliana eliminó a los jueces Falcone y Borsellino en 1992. ¿Le marcaron esos jueces?
–Mis referentes no han sido jueces. Me he fijado más en los juristas que han montado los cimientos del derecho democrático que en los magistrados. Fundamentalmente, me han influido las revoluciones burguesas de Inglaterra y Estados Unidos, hilando los avances legales con el pensamiento y la literatura que produjeron aquellos períodos. La literatura –me reitero– se avanza tanto a la política como a cualquier otra disciplina. Dostoievski no sabía menos de psicoanálisis que Freud. Todos esos procesos revolucionarios han sido aluviones de contribuciones variadas a la democracia.
El único juez que para mí puede ser referente es el estadounidense John Marshall, quien se inventa el recurso de inconstitucionalidad de tipo difuso, mucho más adecuado que el modelo español porque, para empezar, hay que ir al Constitucional, un tribunal que sobra: creo que cualquier juez debería estar habilitado para decidir si prospera un recurso de inconstitucionalidad. Es difícil tener referentes entre los jueces españoles. Podemos decir sin equivocarnos que la Justicia española no ha escrito ni una simple línea de cambio en la lucha por la consecución de derechos. El motivo es nuestra forma de organización política. Ni siquiera hemos llegado a construir el sustrato social sobre el que se proclamó la Declaración de Independencia en Estados Unidos en 1783. Nos faltan comunidades de base que tengan los valores democráticos muy bien adquiridos. Nadie nos ha enseñado cómo organizarnos.
–Antes de la entrevista he leído una columna de opinión firmada por Manuela Carmena hace un año en la revista Éxodo donde la actual alcaldesa de Madrid argumentaba que la pobre percepción que tienen los ciudadanos españoles del funcionamiento de la Justicia se debe, en parte, a las pocas y malas explicaciones que dan los jueces.
–La Justicia española no se explica bien porque conserva en formol valores de otras épocas. La mayoría de los jueces no tienen vocación de servicio. El funcionario judicial no se adapta a situaciones cambiantes y se olvida de un principio fundamental: el sueldo se lo pagan los ciudadanos que acuden a los juzgados para que los funcionarios les arreglen sus temas. Cuando un ciudadano va al juzgado se adentra en un lugar que se parece más a la corte de un rey del siglo XVII que a la casa de un servicio público y democrático. Eso tiene que ver, evidentemente, con la forma de comunicar las resoluciones de una sentencia. Ya sabemos que el oscurantismo mental de alguien se proyecta en sus acciones. Existe una literatura judicial que no solo se redacta para que no la comprenda el ciudadano; tampoco interesa que la entienda el propio juez. Estoy convencido que si le pedimos a una serie de jueces que argumenten técnicamente lo que están haciendo no sabrían explicarlo.
–Tampoco ayuda la violación sistemática del secreto de sumario. Cuando instruía el Caso Blesa y el Caso Banco de Miami se publicaron en distintos medios los correos personales del presidente de Caja Madrid que desvelaban el funcionamiento de la trama corrupta que hundió a la entidad. ¿Qué pensó al saber que la ciudadanía se estaba enterando de los detalles del juicio que estaba instruyendo?
–Eso forma parte de la orfandad en la que trabaja la Justicia española. A veces son los propios aparatos del Tribunal Superior de Justicia los que envían las resoluciones a los medios de comunicación. ¿Quién puede apuntarse a una práctica tan espantosa? En Francia, durante la instrucción de una causa grave no sale nada en la prensa y, hasta que no se resuelve, no se plantean recursos. Aquí, en cambio, el proceso se embarra de forma fraudulenta porque se puede recurrir de forma constante. En España se dan estas anomalías porque la justicia vale poco en nuestro país. En mi caso ha sucedido eso, mezclado con un atropello mediático desquiciado por parte de contertulios que trabajan a favor de determinados planteamientos políticos. Deberíamos ser más sinceros y fijarnos qué ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Allí no hay contertulios: quien habla a favor del Partido Republicano o del Partido Demócrata lo dice directamente y no esconde nada.
–En su último libro denuncia la existencia de un entramado delictivo que llevó a Caja Madrid en apenas quince años de ser un modelo ejemplar de caja de ahorros a la ruina más escandalosa. Considera el crédito que Blesa concedió a las empresas de Gerardo Díaz Ferrán o la compra del Banco de Miami como pantallas para desviar capitales, pero no da más nombres de los implicados en esa trama de amiguismo y corrupción. ¿Quién formaba parte de esa red?
–Es cuestión de investigarlo. Se puede llegar a saber a través del análisis de los correos electrónicos, de las condiciones del crédito a Díaz Ferrán o a Martinsa Fadesa, y de otros préstamos fallidos o irregulares que sean similares, y a través de la investigación que debería efectuarse a los mentores de Blesa. Ese listado de presuntos implicados hay que elaborarlo y publicarlo, como se debería publicar desde las instituciones públicas la relación de los 700 españoles que poseen cuentas irregulares en Suiza y donde, por cierto, se encuentran magistrados y fiscales. Cuando se piden responsabilidades en ese aspecto te contestan diciendo que esos datos son “secreto de sumario”. ¡Vaya! Monedero tuvo un problema con Hacienda por la tributación de su empresa y apareció en todos los medios durante días. No tengo relación de amistad ni trato personal con Monedero, pero considero surrealista esa situación. ¿Cómo puede ser que el problema fiscal de alguien, que no considero grave, cope portadas y la evasión fiscal a gran escala de otros se silencie? Volvemos a la metáfora del semáforo. En medio de ese desquiciamiento nadie cree en el derecho.
En las instrucciones de los casos Blesa y Miami tendrán que aparecer los nombres de los miembros de los grupos criminales que estaban interviniendo. Allí imperó un capitalismo de amiguetes donde se concedían créditos a sabiendas de que no se podrían pagar. Eso se conoce como transferencia de renta, que le pongan la forma de un crédito si quieren disimularlo, pero la realidad es la que es. Ojo, igual de grave fue prestarle mucho dinero a cientos de miles de personas sin exigir más garantía de pago que sus ingresos anuales. En La verdad sobre el caso Blesa explico que eso se hace porque había que fingir un crecimiento exacerbado en el volumen de negocio. ¿Por qué? Para acabar en el IBEX-35. Entrar en ese club implicaba contar con una capitalización de 3.500 ó 4.000 millones de euros. En esa carrera desquiciada por crecer se llevaron por delante en una década a una institución tricentenaria con la que no pudo acabar ni la Guerra Civil.
–¿José María Aznar es uno de los mentores de Blesa?
–No me consta que forme parte de esa trama de delincuencia empresarial. Lo que sí creo es que colocó en ese puesto a su amigo Miguel Blesa y que, por lo tanto, tiene un papel muy importante en todo esto. Se permitió el lujo de hacer declaraciones durante el proceso y decir que entendía que a su amigo “no se le acusaba de ningún delito”. Venía a decir que nos estábamos inventando todo. Hay que decir, de todas manera, que ha tenido la deferencia de no volverlo a repetir. ¿Qué papel puede tener José María Aznar en este asunto? Hay que investigarlo. ¿El soporte del entorno de corrupción eran los mentores de Blesa? Sí, pero habrá que ver si Aznar estaba relacionado directamente con esa trama. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Investigando, naturalmente.
–En medio de la crisis económica y moral en la que nos encontramos, ¿estamos preparados como sociedad para conocer toda la verdad de un caso de corrupción tan notorio como el de Bankia?
–Entre las cajas de ahorros españolas, únicamente las kutxas, una parte de Unicaja y La Caixa han salvado los muebles. Para entender lo que ha sucedido hace falta un pequeño proceso de tiempo. Ha llegado el momento de empezar a contar lo que ha pasado. Estoy seguro de que hay millones de personas que desean saberlo. Hemos dejado de aplaudir en masa a los corruptos. En las encuestas, el paro es el primer problema y la corrupción, el segundo. El tercero son los políticos. Es decir: nos hemos dado cuenta de que la corrupción aumenta las cifras de paro y que, en consecuencia, ciertos políticos son responsables de lo que está ocurriendo. La verdad sobre el Caso Blesa no es un libro fácil de leer pero se está vendiendo bastante bien. La gente me comenta cosas y se hace preguntas al respecto del contenido del libro. En cuatro o cinco años acabaremos viendo qué ha ocurrido en España de una forma amplia y por canales oficiales. Espero que sea así. Propongo mi punto de vista a través de estos dos libros y espero que surjan muchas más miradas. La verdad no se construye desde una sola perspectiva. Me sorprende que La justicia desahuciada, una obra muy dura contra el propio estamento al que represento, no haya levantado críticas. Si no lo han criticado es que hay pocas ganas de abordar ciertos temas. Eso me lleva a creer que aún falta pasión por encarar la verdad. En ese proceso echaría una mano indispensable un sistema educativo sano, pero nuestra Educación está más tocada que las cajas. Sin embargo, fenómenos como el de Podemos escenifican que la gente tiene ganas de saber qué está sucediendo. Fíjate que es muy complicado encuadrar al votante de Podemos. Los socialistas han quedado en segunda posición en la mayoría de ayuntamientos y comunidades autónomas tras las últimas elecciones. No hablamos solo del típico votante de izquierdas cabreado.
–La Justicia española da la sensación de estar totalmente colapsada. ¿Se acabarán algún día de juzgar todas las causas abiertas y pendientes?
–Corremos peligro de que no se pueda dictar sentencia para todas las causas que están abiertas. Ese riesgo está muy presente. Pudiera suceder que no pasara nada. O, peor aún, que se cogiera a diez o doce chivos expiatorios y se liquidara el asunto. De ahí a que me haya sentido responsable a escribir estos libros. Hay que hacer una revisión a fondo para evitar que la impunidad prospere. Si hay impunidad con esta crisis económica vamos a ser el faro mundial de la corrupción y un polo de atracción de delincuentes. Hay que dejar de lanzar ese mensaje al mundo.
–¿No se enroca en su defensa y pasa por alto errores propios cuando sale a relucir su inhabilitación como juez? ¿No ha dado motivos para que le cuelguen la etiqueta de juez estrella?
–Todo el mundo puede averiguar fácilmente mi historial. Yo no entré jamás en un medio de comunicación hasta que me di cuenta que algunos estaban intentando tapar la verdad de forma mezquina al no dejarme investigar. Escribiendo La verdad sobre el Caso Blesa me doy cuenta de un detalle tonto, pero que podría ser de gran importancia a la hora de analizar el porqué de mi inhabilitación. En mi vida tan solo me han anulado una causa judicial: la de Miguel Blesa. En esa instrucción estábamos a punto de llegar a un estado en el que ya se podían extraer algunas conclusiones iniciales. Y me la anularon. Nunca me había pasado algo así. Nunca.
¿Por qué es nulo el Caso Blesa y no el Caso Banco de Miami? En los dos seguí el mismo procedimiento, pero uno fue anulado y motivó mi inhabilitación [por prevaricación]. Las conductas que se han puesto de manifiesto por parte de los que me obligaron a abandonar un juicio que iba hacia delante las ha visto todo el mundo. Me acusaron injustamente de una serie de delitos y ni siquiera me dejaron elegir abogado cuando tuve que cambiar de letrado a mitad de juicio. Además, tenemos a un presidente de un tribunal [Arturo Beltrán] que intenta abstenerse de la votación porque no ve indicios de delito y que, casualmente, es pareja sentimental de la magistrada que era ponente en la anulación del Caso Blesa. ¡Ostras! ¿El mundo no puede ser tan pequeño, no? A ese juez le obligan a quedarse allí sentado y acabar la celebración de un juicio que no vale nada. Lo que me ha pasado es una aberración. Si no te lo contara, no creerías que ha pasado algo así. Es tan absurdo como que instruyendo el Caso Blesa se aceptaran los correos electrónicos del presidente de Caja Madrid como prueba… ¡al mismo tiempo que no me dejaban acceder a ellos! Es como si admitieran como prueba un cuchillo, pero impidieran que el juez lo analizara.
–Ahora le acusan de haber filtrado esos correos electrónicos a la prensa.
–Se apoyan en la teoría de la quimera en la que se mete un régimen corrupto y autoritario cuando no le queda otra salida para acallar a un crítico. Si tienen que silenciar a esa persona incómoda lo hacen sin ningún tipo de rubor.
–¿Para qué le han servido las novelas de Kafka durante estos meses en los que ha tenido que encajar decisiones judiciales muy duras?
–El mundo de Kafka es relativamente endeble en comparación con lo que me ha tocado vivir. Kafka era un genio literario que fue capaz de sacar el ambiente de trabajo que conocía en su compañía de seguros y llevarlo al paroxismo, retratando así la sociedad de los absurdos en la que estaba instalada ya Europa. En mi caso, los poderes del Estado se ponen al servicio de una teoría que no tiene ni pies ni cabeza para quitarme de en medio. Me han acusado de estar enemistado con Blesa. ¿Cómo puedo tener enemistad con un imputado al que no conozco de nada cuando entra por la puerta de mi juzgado? Se agarran al testimonio de dos funcionarias –que colisiona con el de los secretarios y otro funcionario– que sostienen que yo no las atendía bien.
Han ido construyendo una opereta donde la acusación de que fui yo quien filtró los correos cruza rayas rojas que son tremendas. Se basa en el testimonio de una testigo protegida (que tengo la convicción que ha sido fabricada por los poderes que me persiguen, principalmente, la fiscalía). No entiendo cómo una señora puede venir a esta ciudad a poner una denuncia e irse a las siete de la tarde al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Que me lo expliquen porque no es posible. La gente denuncia en una comisaría o en el juzgado de guardia más cercano. A esa hora, el TSJM está cerrado, allí no queda nadie. La coherencia de esa testigo hace aguas por todos lados. Me acusa de haber estado en la guerrilla de las FARC siendo magistrado. Sostiene que le torcí un tobillo a 500 km de distancia porque practicó el vudú y la magia negra. Y que vendí los correos por todo Madrid. ¿Cómo se puede montar una prueba de cargo con un testimonio tan disparatado? Muy sencillo: solo quieren cargarse los correos desprestigiando la prueba y, de paso, matar al mensajero. ¿Lo han conseguido? No. La sentencia que me inhabilita es vergonzante y no vale para nada. La machacarán en Europa. Por eso han intentado amedrentarme en el ámbito personal.
Con el tema de los correos creo que sí está Aznar detrás. Hablamos de una apertura de diligencias por parte de Fiscalía que se produce en diciembre de 2013 y, a los seis días, me estaba poniendo una denuncia Aznar. A finales de enero vino a Madrid la testigo protegida a declarar. Esa sucesión de acontecimientos no son casuales.
–¿Ha hablado con Baltasar Garzón desde que ha quedado apartado de la carrera judicial?
–No le conozco. Nunca hemos coincidido.
–¿Ve paralelismos entre lo que le ocurrió a él y lo que le ha pasado a usted?
–En parte, sí; pero en otras muchas cosas, no. Cuando alguien se sitúa en una posición molesta y peligrosa para el régimen es eliminado. No hay un respeto ni al cargo ni al poder que desempeñas. Nuestros historiales son distintos. Yo he estado apartado siempre de los medios de comunicación. No me interesaban. La labor judicial no se desempeña para salir en los medios. Que yo esté apartado no indica que algo que es de vital conocimiento para la gente se tape. El delito no se puede encubrir. Reconozco que muchos compañeros, quizás por miedo, dejan pasar ciertas situaciones y no las explican. A mí puede haberme pasado en momentos más débiles, pero con el Caso Blesa me di cuenta rápidamente que esto era un escándalo que había que contar si no me dejaban hacer mi trabajo. Cuando me pusieron trabas para que siguiera instruyendo la causa me decidí ir a los medios.
–En mayo de 2013 decidió encarcelar a Miguel Blesa. Era el primer banquero que entraba en prisión desde que comenzó la crisis económica.
–Si te colocas en aquellas fechas, parecía que la corrupción no era tan grave y algunos contertulios calificaban de exageración meter en la cárcel a Blesa. La crisis económica española se debe a la corrupción, no al ladrillo ni a la burbuja inmobiliaria. La corrupción se lleva por delante a varias cajas de ahorros. ¿Por qué Caja Madrid era tan importante? Era la tercera o cuarta entidad financiera del país y tenía carácter sistémico. Si Bankia caía, todo un sistema caía con la entidad. ¿Qué pasó con los supervisores? Era conveniente explicar por qué el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores no hicieron nada o, al menos, no hicieron lo suficiente para evitar que esto se hundiera y que dejáramos de ser soberanos económicamente para depender de los bonistas alemanes. No solo tenemos a millones y millones de parados sino que el mercado de trabajo se ha precarizado aún más en cuanto a condiciones laborales.
–Los desahucios tampoco menguan.
–Porque no se detienen.
–¿Deberían ser ilegales?
–La gestión legal e institucional de los desahucios ha sido una de las cosas más vergonzantes de la historia de España. Todos los que nos dedicamos al derecho sabemos que los contratos se modifican cuando las circunstancias cambian de manera radical. Ese principio se conoce como rebus sic stantibus: al cambiar las condiciones, cambia el contrato. Cuando cientos de miles de españoles firmaron hipotecas jamás se pudieron imaginar el contexto económico en el que vivimos hoy.
¿Quién tiene la responsabilidad de que se concedan hipotecas sin seguridad de que se puedan devolver? ¿Quien la pide, el banco o el supervisor, que ve lo que ocurre pero no hace nada? ¿O el notario, que no advierte que la financiación es irregular? ¿O el registrador? Cuando uno suscribe un crédito hipotecario le paga al notario, al registrador de la propiedad y abona las comisiones al banco. Todos estos trabajadores cobran. ¿Cómo es posible que todas las barreras de supervisión hayan caído? En el caso de todas las personas que carecían de una vivienda alternativa que ocupar se tendría que haber dictado un decreto, en virtud del artículo 86 de la Constitución por causa de extrema necesidad, que detuviera los desahucios, anulando los procesos o evitando, al menos, que el desalojo se concretara. La responsabilidad de que las hipotecas no se puedan devolver es del banco, que contaba con mayor información sobre el mercado inmobiliario y laboral, pero que quiso meterse en una política de expansión desajustada. El dinero que se otorgaba como crédito lo creaba el propio banco. Cuando se otorga la hipoteca, el banco inventa que ese dinero se devolverá, aplicando el interés correspondiente.
La banca está siendo rescatada todavía, pero no le hemos dado el dinero a los bancos españoles sino a los bonistas alemanes. En el momento en suscribir los créditos hipotecarios, los bancos los lanzaban al mercado bursátil y es el comprador de esos bonos quien soportaba el riesgo. El problema se tendría que haber saldado entre Caja Madrid y el resto de entidades financieras y sus compradores de deuda, sin involucrar al Estado de por medio. Increíblemente, hemos visto cómo los bancos exigían la devolución de los bienes inmuebles para que los ocuparan sus verdaderos dueños: los bonistas. Nadie ha tenido un interés por frenar estas injusticias. El PP fabricó una burbuja inmobiliaria sobre la que Zapatero se sintió muy cómodo. El PSOE creía en las supuestas bondades de la burbuja. Por eso se marchó Solbes del Gobierno. Las medidas que intentó aplicar Elena Salgado entre 2009 y 2010 fueron francamente ineficaces, inútiles y muy ingenuas desde el punto de vista económico. Dictaron un decreto para eliminar las cajas y se produce una aberración detrás de otra, fusionando cajas desfalcadas a costa de blindar los privilegios de los directivos que las habían conducido al desastre. Esas decisiones erradas acabaron provocando la explosión financiera que estamos viviendo en España.
