El Gobierno español le ha declarado la guerra a Twitter. A Rajoy y compañía le asusta la capacidad de organización a la que pueden llegar los ciudadanos usando las redes sociales. Lo vieron –lo vimos– con el 15-M y subestimaron el poder de la gente de a pie. Creyeron que con desalojar por la fuerza las plazas y calles ocupadas por «unos perroflautas que no querían trabajar» iban a dormir tranquilos. Se equivocaron. Hoy, tres años después de que comenzase la acampada que desde Sol se extendió por toda España, Rajoy y compañía siguen teniendo el mismo problema encima de la mesa. Y, con el país a la deriva, continúan erre que erre. ¿Por qué no aplicar en Internet la Ley de Seguridad Ciudadana que ha convertido las manifestaciones prácticamente en un delito? Han vuelto los tiempos de censuras y prohibiciones. El mensaje es claro: los indignados ahora son mucho más peligrosos. El Gobierno les ha ascendido de perroflautas a terroristas.
Rajoy visitó hace unos meses en Turquía, líder mundial en silenciar las redes sociales. Debió tomar buena nota de Erdogan, el presidente turco, mal ejemplo de corrupción y represión. De vuelta a España, Jorge Fernández Díaz está haciendo los deberes que le mandó Rajoy. El ministro del Interior que llama «concertinas» a las cuchillas de la valla de Melilla va a degüello contra los 140 caracteres de Twitter. Según Fernández Díaz, denunciar en las redes que Isabel Carrasco cobraba doce sueldazos y estaba implicada en casos de corrupción es apología del asesinato. Hasta la Policía Nacional le ha recordado al ministro que «desear la muerte de alguien que ya ha muerto no es delito». Quieren meter en el saco de los fanáticos radicales a todas las voces críticas. Las de la gente que se queja porque ya no aguanta más, ahogada por esta estafa económica llamada crisis. En la red se vuelcan frustraciones, pero también algo más. Hay mensajes de esperanza y solidaridad; se tuitean ideas para renacer como sociedad. Pero se piden explicaciones. Pedir responsabilidades a los políticos es atacar la democracia. Son actos nazis. En cambio, hacerse fotos con el brazo derecho alzado, banderas franquistas y esvásticas no es ni fascista ni nazi. Eso hicieron miembros de las juventudes del Partido Popular hace meses. Los mismos ministros que ven nazis y etarras por todas partes dijeron de las fotos de sus cachorros eran «una chiquillada».
Hace dos semanas, la Policía Nacional detuvo a 30 personas por enaltecimiento del terrorismo. Lo llamaron Operación Araña y quieren seguir cazando moscas cojoneras. Estoy totalmente en contra de que se alabe la violencia en Internet, ¿pero tiene derecho a aplicar esa censura un partido político como el PP que ha malversado, prevaricado y desviado fondos públicos sin que ninguno de sus principales dirigentes imputados acabe en la cárcel? ¿No es violento subvencionar a las energéticas que multiplican las facturas de la luz y el agua mientras pagan millones a la casta de viejos políticos que les asesoran? ¿No es violento rescatar con dinero público a los bancos que han estafado y arruinado a miles de familias? ¿No es violento empujar a la mendicidad a niños y abuelos, a los más débiles, cargándose el Estado del Bienestar? No lo es para Rajoy y compañía. ¿No fue un ataque a la democracia acusar al Gobierno de Zapatero de haber conspirado en la preparación de los atentados del 11-M? ¿No es un insulto a la inteligencia la portada del ABC de hoy? Al parecer, no. Así, el discurso en prensa de Jiménez Losantos, Paco Marhuenda, Hermann Terstch o Isabel San Sebastián se convierte en pensamiento liberal. A los amigos del TDT Party, ni tocarlos, que para eso ya está la doble moral.
Mientras el PSOE calla, cómplice, el PP sigue adelante con su estrategia de culpabilizar al pueblo, el mismo pueblo que votó un programa electoral que vendía humo. En el extranjero no saben si tirarse de los pelos o reír delante de nuestra sumisión. Pero tres años después, el Gobierno tiene miedo de que estalle otro 15-M. Un 15-M que para pedir justicia no se conforme con acampadas y asambleas. «Te pregunté qué pasaba y no me escuchaste. Protesté en la calle y me llamaste terrorista mientras me tapabas la boca con violencia. Ahora haces leyes para que no me pueda manifestar en la vía pública y quieres callarme en las redes. No lo vamos a consentir. Puedes quitarme el pan, pero no mi libertad de expresión». Eso le grita el pueblo al poderoso. En vez de escuchar, el poderoso busca desesperadamente más mordazas y cloroformo. No tienen potestad para censurar. Rajoy y compañía serán en su mayoría licenciados en Derecho, pero a sus actos no les protege ningún derecho moral. El respeto a la decencia humana está por encima de la ley.
