Fotografía: Lorena Portero
Lleva más de dos décadas como diputado en el Congreso, pero su vinculación con la Carrera de San Jerónimo viene de muy atrás. Entre 1975 y 1990, Diego López Garrido (Madrid, 1947) fue letrado en las Cortes Generales. Con ese bagaje, actúa como un perfecto maestro de ceremonias: nos enseña el hemiciclo, posa en su escaño y desvela los secretos de un reloj suizo del siglo XVIII que indica la posición de los planetas respecto al Sol mientras preside uno de los salones contiguos a la sala de plenos. En ese espacio hablaremos con este socialista (y ex de Izquierda Unida) de la construcción identitaria de España y Europa en días en los que el descontento en Catalunya o Grecia ponen en duda los discursos tradicionales. Aunque se haya afeitado su bigote canoso con el que intervenía ante los medios cuando fue portavoz parlamentario del Grupo Socialista durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, López Garrido no ha perdido un gramo de desparpajo a la hora de defender el discurso de su partido. Pese a la pérdida de votos en las últimas Municipales y Autonómicas, el socialista saca pecho. Está convencido –y mucho– de que el PSOE ganará las elecciones “porque ha frenado a Podemos y es la única alternativa de gobierno de izquierdas».
–¿Cree que hay riesgo de que Grecia abandone la Unión Europea? ¿Estamos ante el principio del fin del euro?
–Yo nunca he visto una crisis del euro. Sinceramente, momentos más dramáticos he podido ver con el euro. Hablamos de una moneda muy sólida que aúna la fuerza de 19 países y que, incluso, se sitúa al mismo nivel que el dólar. Se puede afirmar que existen problemas económicos en determinados países e, incluso, se puede dudar de la consistencia de la propia UE, de su fuerza de dirección… Pero el problema no es de base, es de aplicación. El Tratado de Maastricht hablaba de una unión económica y monetaria. Desde entonces, sólo se ha desarrollado la parte monetaria. En Europa nos ha pillado la crisis sin tener capacidad de gobierno económico.
–¿La ciudadanía tiene margen democrático para decidir directamente sobre los temas económicos de la UE que le afectan?
–Ese es el gran tema de siempre. Es muy complicado de resolver porque implica una participación ciudadana de más de 500 millones de personas, donde, además, el concepto de cada soberanía nacional se mezcla con las soberanías supranacionales. La gente ve lejana la UE ya que la política social –que es la política más cercana a la gente– sigue en manos de los estados. La UE tiene la política comercial, tiene la política de competencia, y otra serie de atribuciones cada vez mayores como la política monetaria de algunos de los miembros, pero no tiene una de las competencias más importantes: la política social. Esa es, al fin y al cabo, la que concierne directamente a la sociedad.
Por ejemplo, sigue sin existir un salario mínimo comunitario; si lo hubiera, concitaría el interés de la gente por el proyecto europeo en mayor medida. Tampoco hay un seguro de desempleo europeo. Pues bien, se siente un desapego generalizado hacia el proyecto común cuando surgen crisis tan profundas como la actual y la UE no satisface correctamente todas las expectativas. El problema de la Unión es que la ciudadanía espera que nunca falle. En una crisis como ésta se pone en cuestión la existencia de la UE, pero no la de los Estados que forman parte. Si no les gusta la fórmula que está en el poder, la gente piensa en cambiar de gobierno pero no de país. Sin embargo, a Europa no se le permite ningún fallo porque no tiene la legitimidad emocional que tiene la nación propia.
En cuanto la UE no da la talla se pide su eliminación. Así lo reclaman, por ejemplo, en el Parlamento Europeo hasta tres grupos parlamentarios que se definen como “antieuropeístas”. Esto constata la dificultad de la relación entre el ciudadano y las instituciones europeas. Es una contradicción que nunca se ha dado en la Historia. ¿Es bueno entonces el referéndum propuesto por Grecia? Sí lo es porque es necesario conocer el criterio de la gente afectada. Yo he visto algunas declaraciones, incluso de algunos miembros de mi partido, con las que no estoy nada de acuerdo; alguno ha llegado a descalificar el propio referéndum cuando es un asunto que corresponde exclusivamente a Grecia.
–¿Pueden los acontecimientos griegos afectar a la política española durante el carrusel electoral en el que entraremos después del verano?
–Lo que está pasando en Grecia puede afectarnos a todos. No cabe duda. Por tanto, creo que se debe resolver entre todos. A mí me parece que habido un exceso de mesa de negociación entre Grecia y los acreedores. En vez de haber dado con una lógica de comunidad, de compartir proyecto europeo, ha sido como encontrarse con un miembro de la familia enfermo y ensañarse con él, cuando en realidad el desafío griego es una prueba muy importante para la UE: es un asunto más político que económico. Sinceramente, no creo que este tema afecte de una forma tan tangible a los ciudadanos, a su cotidianidad. Políticamente, sí creo que hay una especie de quiebra de un mito, el de la UE, porque un miembro de la familia ha entrado en contradicción con el resto.
–¿Zapatero se equivocó cuando reformó de forma exprés la Constitución? ¿Hubiera sido mejor convocar un referéndum para modificar el Artículo 135?
–Lo que dice el Artículo 135 de la Constitución es la necesidad de primar el equilibrio presupuestario, algo que ya se venía haciendo en el día a día de la Administración como consecuencia de la crisis. Según mi parecer, el error más importante de dicha reforma fue de forma. Me refiero al cómo se hizo, a esa rapidez e inmediatez. No fue nada afortunado cambiar el Artículo 135 en una semana, a toda velocidad y aprobando los cambios inmediatamente. La fórmula adoptada cambió el sentido del artículo: se modificó de forma desequilibrada porque asegura el pago de la deuda a nivel constitucional, dándole prioridad absoluta por encima de otros pagos, pero no pone los medios tributarios para que no se degrade el Estado de Bienestar. Eso fue un importante error. Yo creo que se tuvo que haber combinado el principio presupuestario –que es un principio sano para la economía de un país– con la existencia de unos tributos que sostuviesen el Estado de Bienestar, ingresos suficientes para que los derechos fundamentales –sanidad, educación…– no fueran mermados.
No podemos sentirnos orgullosos de la reforma del Artículo 135. Fue algo que se hizo de forma muy apresurada en un momento de pánico generalizado en Europa, de hundimiento total de la economía. Fue la manera más rápida y efectiva de calmar instantáneamente a los mercados. Lo impulsó la mentalidad alemana, una lucha entre los acreedores y nosotros, los deudores, donde los primeros ganaron la batalla.
–Mucha gente piensa que esa reforma parcial de la Constitución fue una enmienda a la totalidad del Gobierno de Zapatero, sobre todo a sus medidas sociales. ¿Debió convocar Zapatero elecciones anticipadas en mayo de 2011 cuando vio que la calle le daba la espalda con el 15-M?
–Es muy fácil decirlo ahora, pero en aquel momento la situación era crítica, no creo que fuera el mejor momento para convocar las elecciones y suicidarse políticamente. Lo único que se le puede pedir a un gobierno es que afronte exitosamente la complicada situación como parte del mandato popular. Entonces, ningún gobierno europeo dimitió para ir a unas nuevas elecciones, sino que se pusieron a trabajar en cómo afrontar el drama económico. Aunque lo peor vino después, al adoptar esa política de austeridad total. La mayoría de los gobiernos eran conservadores, no socialistas. Esa austeridad ha sido un auténtico fracaso, nada que ver con la estrategia seguida por Estados Unidos, mucho más eficaz que la que se adoptó en la UE. Ellos ya tienen casi pleno empleo (solo cuentan con un 5 por ciento de paro) y crecen a un ritmo más rápido que Europa, que se encuentra estancada en una tasa media del 11 por ciento de desempleo. Como muestra, lo que está haciendo ahora mismo el gobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi, al comprar masivamente deuda pública. Esa medida llega a Europa con cinco años de retraso.
Por tanto, adelantar elecciones no hubiera solucionado nada ya que el siguiente gobierno se hubiera encontrado con la misma o peor situación. El único gran error que cometimos fue llevar a cabo una reforma constitucional –manifiestamente mejorable– sin acompañarla de una política tributaria donde los más ricos hubiesen contribuido más. Añadiendo, además, un impuesto de Sociedades más elevado para gravar a las grandes empresas. Fue un error de un gobierno de izquierdas no haber asumido estas posibles medidas en un momento en el que desaparecían masivamente los puestos de trabajo.
–¿Qué autocritica debería hacer el PSOE para que la ciudadanía pueda confiar de nuevo en ustedes? ¿Qué errores debe asumir y rectificar?
–No haber adoptado políticas de izquierda en favor de la gente y en favor del Estado de Bienestar: ese fue nuestro error más grande como socialistas, pero la crisis fue la que fue y no la inventó el PSOE. Fue global y los países con los modelos productivos más frágiles –como España– fueron duramente castigados. Sin duda, el peor error que se ha cometido en la política española ha sido aplicar medidas de austeridad, añadiendo además el grave problema de la corrupción, más visible en los últimos tiempos por causa de la crisis. Así se ha ido conformando un compendio perfecto entre crisis económica y corrupción que en otros tiempos no hubiera preocupado tanto a la sociedad. Hay que recordar y reconocer que en décadas pasadas se realizaban procesos inmobiliarios salvajes en la costa española y a casi nadie le preocupaba. El entorno económico era muy favorable para todos, pero cuando este modelo se viene abajo los ciudadanos empiezan a preocuparse y el nivel de exigencia política sube.
–Usted fue imputado en 2009 a través de una querella interpuesta por el Centro Jurídico Tomás Moro, una asociación de extrema derecha. Más tarde la denuncia fue archivada al no encontrar el juez causa alguna en su contra. ¿Es justo exigir la dimisión de cualquier político por estar imputado?
–Yo encuentro un problema terminológico en la palabra ‘imputación’, una palabra que me parece feísima. En ningún país se le llama de tal manera a un político que está siendo investigado. En ese sentido estoy de acuerdo con la reforma del Partido Popular para graduar los distintos tipos de investigación judicial. Veo más conveniente que exista una ‘investigación’ antes que una ‘imputación’. En Francia, por ejemplo, a lo que me ocurrió a mí se le llama “puesta en examen”. Sin ir más lejos, tenemos el ejemplo del ex presidente Nicolas Sarkozy. Actualmente, está “puesto en examen” y a nadie le escandaliza que quiera presentarse a las próximas elecciones francesas: no se le está acusando formalmente de nada sino que se ha abierto una investigación para aclarar unos hechos. En España, en cambio, vienen a ser lo mismo imputación y acusación.
En mi caso, cuando fui secretario de Estado para la Unión Europea, esa asociación jurídica de extrema derecha a la que se ha referido –por cierto, ya desaparecida– me acusó de haber subvencionado de forma irregular a una fundación a la que había pertenecido. Era una acusación completamente falsa ya que antes de tomar posesión del cargo ya había solicitado darme de baja de la fundación. El propio juez, un mes después, decidió sobreseer el asunto y le impuso al Centro de Estudios Tomás Moro el pago de las costas del proceso por acusación temeraria. Fue todo un absurdo.
Claro que no son lo mismo las imputaciones de terceros sobre ti que las que te realiza un juez a raíz de una investigación policial. Hay que distinguir cada tipo de caso pero también es verdad que, en este sentido, los partidos políticos han abusado indiscriminadamente de utilizar la condición de imputado como arma arrojadiza. De hecho, yo recuerdo que la secretaria general del Partido Popular, [María] Dolores de Cospedal, y González Pons pidieron que dimitiera. Cuando el asunto quedo archivado meses después, el mismo González Pons reconoció su equivocación.
–La lentitud de los procesos en los que se juzga a los políticos supuestamente corruptos hace que buena parte de la sociedad no crea en la política. Ni en la Justicia.
–Este uso tan oportunista de la figura del imputado ha provocado la degradación del término hasta el punto que te condenan previamente sin poder demostrar tu inocencia. Hemos padecido tantos casos de corrupción y tan graves en tiempos de vacas gordas, que hoy en día la ciudadanía no puede tragar con ninguno más, se ha vuelto tan sensible que a la mínima al político rozado por una imputación se le pide que marche. Hemos pasado una época en la que todo valía, como por ejemplo la financiación de los partidos políticos a través de donaciones privadas. Cualquier donación privada siempre es a cambio de algo, como se ha visto en el caso de la caja B del Partido Popular. Afortunadamente, por fin hemos puesto coto a este asunto en España, que ocurre en otros países europeos o en Estados Unidos (y ya sabemos con qué consecuencias).
–¿Habría que acabar con los aforamientos?
–A pesar de todo, determinadas figuras como la imputación o los aforamientos tienen su sentido y lógica histórica en nuestro ordenamiento jurídico para evitar que cualquier persona o entidad pueda desestabilizar un parlamento. Los aforamientos están pensados para proteger al ciudadano que ha votado a su representante, no a los políticos. No creo que haya que eliminarlos porque tienen su sentido; sin embargo, sí que habría que eliminar determinados aforamientos. Se tendría que abrir un debate sobre la necesidad de que todos los jueces de España y diputados autonómicos estén aforados. Por el contrario, el aforamiento de un miembro del Congreso de los Diputados me parece que tiene su sentido para evitar que cualquier tipo de acusación espuria que devenga en imputación acabe por desestabilizar el sistema parlamentario. Esa figura existe para proteger a los ciudadanos, no a los políticos.
–Sin embargo, cunde la sensación de que, aprovechando la figura jurídica del aforamiento, desde dentro de los partidos se protege demasiado a determinados políticos. ¿Le puede pesar al PSOE la actitud proteccionista que ha tenido con Manuel Chaves y José Antonio Griñán con el caso de los ERE?
–No ha habido una acusación contra ellos. ¡Formalmente todavía no la hay! Hay una imputación que ha hecho el Tribunal Supremo para que sean investigados. Se han ido porque la opinión pública tiene una exigencia tan alta que cualquier partido político no tiene más remedio que responder ante esa petición. Ellos se han ido por voluntad propia, no ha hecho falta que el PSOE se lo pidiera explícitamente.
–¿No hubiese sido positivo para el PSOE que Pedro Sánchez hubiera tenido contrincantes en las primarias?
–Bueno, no me parece fundamental. Pedro Sánchez se ha ido ganando un consenso generalizado dentro del Partido Socialista. Quienes quisieron presentarse a las primarias no reunieron los avales necesarios. Esto demuestra el consenso que genera internamente el secretario general.
–Ingresó en el PSOE en 2001 a través de un partido que formaba parte de Izquierda Unida. Hace unos días, en el acto de presentación de campaña de Pedro Sánchez, la prensa puso el foco en el tamaño de la bandera constitucional que se exhibió. ¿Ha virado el PSOE hacia el centro en el último año y medio? ¿Hay lugar para el sentimiento republicano dentro del socialismo español?
–La bandera que tenemos en España es la que es. Esa especie de problema con la bandera no tiene ningún sentido. Creo que sacar la bandera en la proclamación de Pedro Sánchez como candidato era un claro mensaje político, un “oiga, se acabó ver un problema en la bandera constitucional”. Nosotros no ponemos en duda la forma de Estado. En absoluto dudamos de la monarquía parlamentaria, más desde que ha habido un cambio en la Jefatura del Estado, institución que tiene el apoyo del 80 por ciento de los españoles. ¿Qué sentido tiene poner en cuestión la Monarquía o la bandera? Ninguno. El mensaje lanzado por Pedro Sánchez es una forma de pacificar el asunto y de decir que nos dirigimos a todos los españoles, no solo a una parte.
–¿Ve posible un adelanto electoral para que las Generales coincidan con las Catalanas? ¿Qué clima se respira en el Congreso?
–Esa es una pregunta para Mariano Rajoy. Él siempre dice que las convocará “cuando toque”. Será por algo.
–¿Cómo ve el proceso independentista de Catalunya?
–Con mucha preocupación. Es algo muy grave.
–¿Es el problema más grave que tiene España en este momento?
–Uno de los más importantes. Es un problema muy serio: existe amenaza de fragmentación para el Estado español.
–¿Ve posible la independencia de Catalunya, en ese caso?
–Si hubiera un 90 por ciento de independentistas en Catalunya y forzaran una ruptura constitucional… No soy de los que cree que haya dogmas para toda la eternidad. Si lo quiere la gente y se dan mayorías amplísimas, ¿por qué no? Pero no es el caso de Catalunya. Tampoco conozco ningún país del mundo que admita la separación de una parte de su territorio. No solo eso: la Constitución vigente fue aprobada por una mayoría amplísima de catalanes. Hay un pacto ahí. Si se quiere reformular ese pacto debe hacerse una reforma de la Constitución. Nosotros la hemos propuesto, pero en esa reforma no plantearíamos que cualquier territorio se pueda ir del Estado.
–¿Qué pudo hacer el PSOE para que la situación no se polarizara en Catalunya? Estos lodos no vienen de la legislatura actual.
–Estos lodos tienen que ver con la crisis económica.
–Mucha gente dejó de apoyar al PSC porque los diputados catalanes del Grupo Socialista votaron en Madrid en contra del Estatut que su propio partido había impulsado en el Parlament de Catalunya.
–Ese Estatut venía con muchísimos preceptos directamente inconstitucionales. Lo recuerdo perfectamente porque fui el ponente de mi grupo en es debate. A pesar de las reformas que se hicieron en el Congreso, aprobadas por el todo el Grupo Socialista y por Convergència i Unió, el Partido Popular se lo llevó al Tribunal Constitucional, que maltrató el asunto dilatándolo y poniendo muchas pegas. Es absurdo que el Estatut acabara en el Constitucional después de que el pueblo de Catalunya lo hubiera aprobado en las urnas. Ese tribunal concluye diciendo –siete años después de su referéndum– que ese texto jurídico no es válido. Eso fue un mazazo muy grande, pero no desencadena totalmente esta cuestión. La agrava. Esas pulsiones identitarias existen desde hace muchísimo tiempo en Catalunya, igual que en el País Vasco. Lo que tenemos que hacer ahora mismo es convencer a los que se quieren marchar para que se queden con nosotros.
–Seducir es el verbo que están utilizando los federalistas y algunos unionistas. Otros apuestan por medidas más contundentes.
–Sí, y esa seducción pasa por una reforma constitucional. Uno de los objetivos de la siguiente legislatura tiene que ser esa reforma. La Constitución Española está en muchos aspectos oxidada y envejecida. He participado con otros profesores de Derecho Constitucional en una propuesta de reforma. Es un grupo de trabajo, este, muy plural. Uno de los miembros ha sido portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Hemos sido capaces de llegar a una serie de consensos para elevar propuestas que afectan al sistema electoral, al autonómico, a los decretos ley, a la posición de España en Europa en muchísimos asuntos… La Constitución ha sido votada por la minoría de los españoles. La mayoría de los habitantes de este país no habían nacido o no eran mayores de edad para votar la Constitución en 1978. El problema endémico de este país han sido los golpes de Estado que llegaban cuando se tardaba mucho en reformar la política.
–¿El bálsamo para aliviar las tensiones territoriales pasa por crear un Estado federal?
–Creo que sí, pero eso habría que debatirlo.
–Las comunidades autónomas ya tienen competencias propias de un país federalista. ¿Qué habría que cambiar?
–Lo que ocurre es que el adjetivo federal es una fórmula más acuñada y que queda más clara a nivel nominal. Ojo, esa es una de las reformas que hay que hacer. No se trata de rehacer la Constitución para ver si arreglamos lo de Catalunya. Debemos reformarla porque la Constitución, con independencia del tema catalán, hay que cambiarla. La Sanidad, que está colocada en un lugar equivocado, tiene que reconocerse como un derecho fundamental, exigible ante el Tribunal Constitucional.
–Pero sin tocar la Corona.
–En un proceso de reforma se pueden plantear cuestiones referentes a la Monarquía; esos sí, yo no la tocaría. Es mi opinión, otros pueden pensar lo contrario.
–El derecho a la vivienda se reconoce en la Constitución actual, pero no se aplica. Cristina Cifuentes confesaba en una entrevista en La Sexta hace unos días que lo más duro de su paso por la delegación del Gobierno en Madrid fue ordenar desahucios. Sin embargo, alegaba que ante una orden judicial no se podía negar a enviar a la Policía Nacional a efectuar un alzamiento.
–El derecho a la vivienda merecería un estudio a fondo. No sé si sería posible incluirlo en una Constitución. Creo que habría que estudiarlo y darle mayor fortaleza constitucional. No es tan sencillo de aplicar como otros, pero debería ser uno de los derechos a garantizar en una sociedad democrática en la Europa del siglo XXI.
–Volvamos a la actualidad de los partidos políticos. ¿Qué le está pasando a Izquierda Unida? ¿Se los está comiendo Podemos por la izquierda?
–Internamente, como hace mucho tiempo que no estoy allí, parece que Podemos ha ocupado ese espacio.
–¿Y ha intentado Podemos ocupar también el espacio del PSOE?
–Algún voto del PSOE ha ido a Podemos. Me parece, en cambio, que las expectativas de Podemos no se han cumplido. Ese partido nace de la necesidad de superar al PSOE a toda costa. Me recordaba a aquella obsesión de Julio Anguita con el sorpasso. Decía Anguita: “El PSOE va a desaparecer y en su lugar estará IU”. Hemos visto la reedición de ese mensaje, pero el partido hegemónico de la izquierda sigue siendo el socialista. Lo hemos visto en las últimas municipales y autonómicas: ha sido el mayoritario entre las preferencias de los españoles progresistas para dirigir el polo de la izquierda. También es verdad que, en este momento (y las últimas elecciones lo han refrendado), que no se puede hablar de bipartidismo porque han aparecido partidos como Ciudadanos y Podemos que tienen un cierto peso. La política se ha vuelto más plural y articulada.
Podemos, eso sí, ha tenido menos peso cuando se ha presentado con sus siglas y más peso cuando ha formado parte de plataformas más amplias. Hemos pasado del bipartidismo al bipolarismo. El polo de la izquierda, donde están Podemos, IU y muchas plataformas ciudadanas, sigue hegemonizado por el PSOE. Creo que ese modelo se calcará en las Elecciones Generales, pero, sin duda, es un debate sobre la mesa muy interesante.
Lo que me parece que ha sido derrotado en estas elecciones ha sido la pretensión de Podemos de que han desaparecido la izquierda y la derecha. Esa tesis amplificada por Pablo Iglesias de que hemos llegado al tiempo de la gente y la casta se ha derrumbado. Los españoles han vuelto a votar en términos de izquierda y derecha. Con las alianzas postelectorales ha ocurrido lo mismo. ¡Podemos ha apoyado al PSOE! ¡No es lo mismo el PSOE que el PP si nos han apoyado a nosotros! Por tanto, los representantes de la gente han terminado por votar a la casta. Es una cosa que tendrían que explicar: ¿Cómo votan ustedes a la casta a quien han criticado tan profundamente? No han tenido más remedio que votar al PSOE para evitar que el PP gobernase en determinados lugares. Sus votantes no lo habrían permitido.
–¿Qué le parece el discurso que ha mantenido Julio Anguita en los últimos años? Desde que no está en la primera línea política se ha convertido en referente para muchos colectivos de izquierda desencantados con PSOE e IU.
–No le he seguido mucho. Recuerdo aquello que decía de “las dos orillas”, que es un poco parecido a lo que ha acabado diciendo Podemos. En una orilla estarían PSOE y PP y en la otra, todos los demás. Es el discurso de Podemos de que en una orilla está la casta y en la otra está la gente. Hay una cierta inspiración, sin duda.
–Se le ve muy optimista sobre la fortaleza de su partido, pese a la gran pérdida de votos en ciudades como Valencia, Barcelona o Madrid. ¿Ganará el PSOE las próximas elecciones?
–Yo creo que sí. Está en condiciones de hacerlo. Ha habido una recuperación importante. Debemos intentar ganar por la mayor holgura posible para depender lo menos posible de otros partidos políticos. Esa debe ser la aspiración del PSOE.
–Desde la irrupción de Podemos y Ciudadanos se han multiplicado los guiños del PP hacia al PSOE para pactar llegado el caso. Se habla de aplicar “el sentido y la responsabilidad de Estado”.
–Una gran coalición es imposible en un país donde existe una división tan clara entre izquierda y derecha. Otra cosa es que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo para atender a asuntos de Estado. Uno de ellos es el terrorismo y tenemos una amenaza muy importante que atender: el terrorismo islamista. Ese problema no incumbe solamente a Francia. Aquí vimos cómo Atocha se convertía en una carnicería. En eso, los dos grandes partidos tienen que ponerse de acuerdo, igual que en la reforma de la Constitución, que exige una amplitud de apoyos muy grande. En asuntos de política exterior o Defensa tenemos que ponernos de acuerdo sí o sí porque, por ejemplo, las Fuerzas Armadas deben ser una institución absolutamente neutral. Todo lo que sean acuerdos en esos campos es algo positivo, igual que en algunas posiciones que se adopten en la UE para defender los intereses de España.
–¿Y son capaces de ponerse de acuerdo sin traicionar sus principios con un partido que impulsa una ley como la de Seguridad Ciudadana, rebautizada como Ley Mordaza?
–Somos, en definitiva, dos equipos de fútbol que se ponen de acuerdo en el acotamiento del terreno de juego y en las reglas para jugar el partido. La Constitución, la Ley Electoral y el reglamento del Congreso de los Diputados: esas son las tres normas esenciales que determinan cómo juega el poder. ¡No por eso somos lo mismo! Nos ponemos de acuerdo en las reglas, pero luego competimos. Si llegamos al poder, ya os digo que una de las primeras cosas que vamos a hacer es derogar la Ley Mordaza.
–José Luis Rodríguez Zapatero decía que el único defecto que tenía Rubalcaba era ser “más madridista que socialista”. ¿De usted piensa lo mismo?
–Es que yo he jugado en el Real Madrid.
–Por eso le pregunto.
–Y, además, me casé con una sobrina nieta de Santiago Bernabéu. Mis hijos llevan ese apellido. Como se me ocurra no ser del Madrid, me retiran el saludo [ríe]. Tuve la oportunidad de probar con el primer equipo, pero decidí no hacerlo. Nos llamaron a Sánchez Barrios y a mí. Él era extremo derecho y yo, extremo izquierdo. Tuve miedo de centrarme en el fútbol porque con 32 ó 33 años se te acaba la vida deportiva. Eres un viejo. Estaba haciendo dos carreras universitarias en ese momento y no quería dejarlas. El fútbol de élite te absorbe. Cuando te retiras, a no ser que tengas alguna inquietud intelectual o profesional, se acabó la cosa.
–¿Qué le parece la polémica desatada por la petición de aumento de sueldo de Sergio Ramos?
–Los futbolistas están sobrevalorados. ¡Cómo se pueden pagar 100 millones por Bale! Me parece abusivo lo que valen y lo que cobran, igual que los sueldos de algunos ejecutivos me resultan obscenos. El fútbol es un reflejo de la sociedad. No todo los sueldos de los futbolistas son como los que se pagan en Primera División y llegar a ella es muy difícil. He visto a gente buenísima que se ha quedado por el camino y que por razones de suerte, enchufes o lo que fuera no han llegado a la élite.
–¿El Estado podría acotar las remuneraciones exageradas del fútbol?
–Habría que establecer impuestos más altos.
–Ahí tiene al presidente del Atlético de Madrid que afirmó que a los clubes de fútbol no se les podía exigir el mismo celo fiscal que a otras empresas porque traían alegría y bienestar a la sociedad.
–Lo que trae alegría a la gente es que haya dinero para el [Estado de] Bienestar. Lo que aportan los clubes de fútbol a la sociedad no tiene nada que ver con el dinero que mueven. Eso lo dicta el mercado, las televisiones y los contratos publicitarios. Eso sí, no soy un nostálgico del juego de antes. Cada vez se juega mejor a este deporte.