Hace cinco años hubo una masacre en Ciudad Juárez que deja enseñanzas útiles sobre las víctimas y sobre un Estado que se olvida de los mexicanos y se doblega ante los americanos.

El 30 de enero de 2010 la banda criminal que controlaba Juárez envió a escuadrones de sicarios a eliminar a gente del Chapo Guzmán en la colonia Villas de Salvárcar. Ejecutaron a quince –doce de ellos adolescentes– e hirieron a diez. Para justificar el hecho, Felipe Calderón aseguró que los jóvenes “probablemente” formaban parte de “pandillas juveniles” asociadas a “grupos criminales”. La gente del Chapo y el Presidente se equivocaron: eran estudiantes celebrando una gesta deportiva.

La masacre escandalizó y el Estado mexicano se volcó en Juárez donde invirtió siete mil millones de pesos en la reconstrucción de tejido social y en la mejoría de la seguridad. La violencia se ha ido reduciendo. Con el mismo empeño el Estado hizo lo posible porque se olvidara la matanza y su responsabilidad. Villas de Salvárcar confirma que la atención gubernamental depende del grado de cohesión y organización de las víctimas.

Gustavo de la Rosa defiende derechos humanos en Chihuahua desde hace varias décadas y durante una conversación telefónica me detalla los indicadores de la indiferencia oficial hacia la matanza de Villas de Salvárcar. La CNDH de Raúl Plascencia emitió una recomendación sobre el caso ¡un año y siete meses después!, sin preocuparse por informar a los interesados que se enteraron de dicho documento ¡la semana pasada!

Mucho más grave es que el estado de Chihuahua sigue sin hacer las adecuaciones legales que permitirían aplicar en aquella entidad la Ley General de Víctimas. La reticencia nace, según Gustavo de la Rosa, del pavor que tienen a recibir peticiones de las decenas de miles de afectados. Ante ello, los familiares de Villas de Salvárcar le escribieron, el 20 de enero pasado, una carta al presidente Enrique Peña Nieto pidiéndole ser reconocidos como víctimas.

Esa misiva es notable porque es la primera vez que las víctimas vinculan a sus muertos con la operación Rápido y Furioso, aquel programa del gobierno de los Estados Unidos por el cual se enviaron de contrabando dos mil armas a México; su lógica era que los crímenes que se cometieran con esas armas ayudarían a entender las redes ilegales de avituallamiento bélico al crimen organizado. En el experimento han muerto más de 150 mexicanos, entre ellos los jóvenes de Villas de Salvárcar (la operación se suspendió hasta que mataron a un agente de la Border Patrol en diciembre de 2010).

El nexo entre masacre y armas del programa lo estableció la cadena de televisión hispana Univisión en un espléndido reportaje transmitido el 30 de septiembre de 2012. Ahí muestran un oficio de la Secretaría de la Defensa Nacional en el cual se asegura que en la matanza se “utilizaron [tres] armas provenientes de un programa de rastreo” de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego estadounidense. Es decir, de Rápido y Furioso.

La Sedena envió una carta a El Universal –medio que había difundido la información del reportaje en México– asegurando que el oficio era “apócrifo [y que] no fue expedido por esta dependencia”. Después de esa misiva ningún funcionario habla sobre Rápido y Furioso; probablemente callan para proteger a los funcionarios mexicanos de alto nivel que lo aprobaron.

El tema de las armas divide a la sociedad norteamericana que en su debate rara vez menciona el trasiego de material bélico a México y América Central. Lo absurdo es que tampoco lo hacen quienes juraron defender a las y los mexicanos. Salvo funcionarios aislados ni el gobierno de Felipe Calderón y mucho menos el de Enrique Peña Nieto han enfrentado con seriedad el contrabando de armas.

Ni nos defienden ni nos explican lo que pasa con esa agresión del exterior ¿Dónde quedaron aquellos priistas patriotas que repudiaban abiertamente el intervencionismo extranjero?, ¿quién les comió la lengua? Ante el silencio y el sometimiento resulta relevante la exigencia de los deudos de Villas de Salvárcar de saber lo que pasó con las armas estadounidenses que alimentan la violencia contra México.

 

La miscelánea

Una organización mexicana –de la cual formo parte– ha demandado al gobierno mexicano por el operativo Rápido y Furioso. El caso lo lleva de manera gratuita el bufete de Gonzalo Aguilar Zinser. Los interesados podrán encontrar cronología y documentos sobre el caso de Villas de Salvárcar en: www.desarmamexico.org

Comentarios: www.sergioaguayo.org

 

Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.

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