Leyendo Vuelva usted mañana, de mi admirado Mariano José de Larra, quedé atónita al descubrir que dos siglos de historia no han sido suficientes para borrar de nuestro ADN la lacra de la burocracia. Seguimos anclados en ese “papeleo” castizo y casposo que ya apesadumbraba a uno de los máximos exponentes del Romanticismo español. El caso reciente más preocupante es el de Alberto Cañedo, alcalde del municipio de Carcaboso (Cáceres), el cuál se enfrenta a nueve años de inhabilitación y a una condena de hasta tres años de cárcel por dejar sin contestar tres de las 700 solicitudes de información enviadas por la oposición de la zona a su Ayuntamiento. A todo esto, Cañedo había puesto en marcha un plan contra el desempleo que se basaba en iniciativas de agricultura ecológica y creación de empresas de economía social y cooperativa. Algo que no sentó muy bien a sus antagonistas políticos, anclados en el modelo del ladrillazo que tantas alegrías les ha reportado. Por ese motivo, decidieron saturar de requerimientos los sistemas del Ayuntamiento.

Eternizar gestiones era, según Larra, una cuestión de “pereza” intrínseca a los funcionarios de la época. En pleno siglo XXI, la pereza ha sido sustituida por el ansia de poder que mueve a esos nuevos “intelectuales” que nos gobiernan a golpe de manipulación, y cuyo único mérito es el de conocer cada vacío legal existente. Enterrar a un alcalde en burocracia para seguir con prácticas políticas poco morales y un tanto más anti-sociales es, cuanto menos, sangrante. Pero lo es aún más la instaurada práctica política de crear leyes para cubrir fraudes. La amnistía fiscal del PP huele a estafa. Resulta que se les ocurre, en un alarde de “moralidad compasiva”, crear una herramienta legal que permita a corruptos y defraudadores librarse de pagar por sus delitos. Todo ello justificado con la banal idea de que “todos cometemos errores” y merecemos una segunda oportunidad. Todos menos la mujer que compró pan y pañales con una tarjeta de crédito que se encontró en la calle; ni tampoco merece perdón la pareja de ancianos que se han quedado en la calle por avalar la hipoteca de unos hijos que han sido despedidos de lo que era, según el contrato, un trabajo indefinido.

Conocer cada recoveco legal y administrativo parece ser la mejor forma de librarse de la cárcel. Si quieres estafar a Hacienda: estudia Derecho o contrata asesores ¿Será por eso que cada año es más caro estudiar? Dentro de 50 años tener una carrera será un privilegio inalcanzable para la clase media –por cierto, la más numerosa. El modelo universitario 3+2 es, según el ministro de Educación, “una forma de igualarnos al nivel europeo”. Y yo le pegunto: ¿Por qué no nos igualan los sueldos al nivel europeo? O, ¿por qué no implantan modelos nórdicos en los que las madres siguen percibiendo retribuciones de sus trabajos durante los primeros años de sus hijos?

No lo hacen porque negar la realidad les proporciona muchos más beneficios que poner soluciones. Por esa misma razón se niegan a nombrar cada cosa por su nombre. Irse del país porque en España no hay trabajo no es movilidad exterior, es exilio y es fuga de talento. Los que se van porque ninguno de los que manda piensa ya en ellos son ciudadanos que quieren reflotar el país, que se empeñan en ser los mejores, en trabajar duro; que soportan condiciones laborales precarias, que toleran contratos nefastos si con ello pueden mantenerse aquí, cerca de su gente y cerca de su hogar.

Una vez más, repitiendo los errores del pasado. Aprender de nuestra Historia no es memorizar en qué año se descubrió América, aunque el sistema educativo español se empeñe en ello. Aprender de nuestra historia es mirar con los ojos del presente a un pasado que determinó lo que ahora es una realidad inmutable. Por eso, pisotear los derechos laborales que con tanto esfuerzo consiguieron nuestros abuelos es, cuanto menos, una vergüenza. Me gustaría recordarle al señor Mariano Rajoy que gobierna para personas y no para bancos ni multinacionales.

Decía Larra, en Vuelva usted mañana, que los españoles somos perezosos. Con la vista puesta en el pasado, y sobre todo en el presente, matizaría estas palabras. En este país soportamos como nadie las injusticias. Nos roban, nos echan de casa y nos estafan, y a todo ello respondemos con decoro. Lo hacemos así porque pensamos que al fin y al cabo “tampoco vivimos tan mal”. Eso, precisamente, es lo que las élites quieren que pensemos. Así funciona el inmovilismo que enriquece a unos pocos a costa de la miseria de la mayoría.

Por eso, para que no piensen que somos tontos y que no nos enteramos de nada, debemos recordarles un par de cosas: que los bancos roben el dinero ahorrado a quienes se han dejado la vida trabajando, no es tolerable. Que imputen a cargos políticos por estafar a la Hacienda pública y crear cuentas en paraísos fiscales, no es tolerable. La dignidad de quienes propugnan las leyes que protegen al “poderoso ladrón” brilla por su ausencia. Por eso, esperar que dimitan o reparen sus errores se me antoja imposible.

Quizás ellos no vayan a hacer nada, pero desde la ciudadanía podemos invitar a estos ministros, diputados y senadores a abandonar su cargo, puesto que no tienen intención ninguna de cumplir la función de servicio público para la que han sido designados. Hoy pido, tan solo por escrito, a quiénes no les queda decencia política que se vayan, pero mañana y dentro de un mes seremos muchos los que lo exigiremos a través de asociaciones y toda clase de instrumentos sociales alejados de las jarras del poder corrompido.

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