Levante contra Aragón. Murcia contra Catalunya. El agua es sin duda un bien cada día más preciado. Hay expertos que consideran que las guerras a las que tengan que hacer frente las próximas generaciones versarán sobre el más necesario y escaso de los recursos: el agua dulce. Sabemos que una de las causas subyacentes del conflicto palestino-israelí es la lucha por los recursos naturales, en especial el agua del río Jordán, los altos del Golán y los acuíferos subterráneos que dan sustento a una buena parte de la población en épocas de mayor escasez de lluvias.

No llevemos las cosas tan al extremo. Es cierto que la situación en España es sensiblemente mejor en cuanto a recursos hídricos se refiere, en especial debido a la inversión en plantas desaladoras en el sureste peninsular y la mejora en el aprovechamiento del agua dulce en la agricultura a través de mejoras evidentes en la eficiencia de los sistemas de riego. Además, se han sustituido antiguas prácticas de riego a manta por sistemas de aspersión o goteo. No obstante, el estado de la situación dista mucho de un equilibrio moderado entre demanda y recursos hídricos como el que se produce en la mayoría de los países europeos tras la frontera de los Pirineos. Es aquí donde la eficiencia en la gestión de estos mismos recursos, amén de políticas de concienciación y racionalización de un recurso escaso como el agua dulce debe imponerse.

Hasta aquí no se ha dicho ninguna perogrullada. Es más, todo puede entrar dentro de una oratoria lógica. Esos límites se cruzan cuando se convierte una desgracia en un as en la manga con el que jugar (e intentar ganar por la vía rápida) la partida. Después de años de silencio, algunos alcaldes de municipios alicantinos o murcianos vuelven a salir a la palestra mostrando “su gran preocupación” por las personas afectadas por la riada que ha inundado municipios de la ribera del Ebro navarra y aragonesa. Se han escuchado frases como: “El trasvase del Ebro dejaría en 10 días en Valencia el agua que se tira al Mediterráneo”. Esta corriente no se limita a declaraciones de ediles en concreto sino que desborda incluso en editoriales o artículos de opinión en medios de prensa nacional.

Delta Ebro

Al hablar de un tema tan delicado como la gestión del agua ante una sociedad que cada vez demanda más recursos en aras de aumentar su capacidad productiva (infraestructuras turísticas, industrias, agricultura, etc) las declaraciones y pronunciamientos de representantes públicos deben ser –cuanto menos– cautelosas y rigurosas. En este sentido, salir vociferando a favor del Trasvase del Ebro, apenas unas horas después de ver por televisión cómo cientos de agricultores han perdido sus cosechas y decenas de vecinos tendrán que afrontar pérdidas en sus inmuebles anegados por el agua, raya lo inmoral y lo despreciable.

La cuestión es harto compleja. Desde estamentos como la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) abogan por una limpieza del cauce, mientras que algunos pueblos exigen incluso dragados del río para el lecho fluvial. Estas soluciones no dejan de ser parches que no solucionan el problema de fondo: seguimos viendo los ríos como enemigos en lugar de como aliados. La naturaleza siempre estuvo antes que el hombre y los cauces fluviales llevan trazando su recorrido durante miles de años. Por mucho que el ser humano se empeñe en modificar el orden natural de las cosas, la fuerza de la naturaleza tenderá a rebelarse tarde o temprano intentando recuperar el espacio que se le ha robado a base de motas, diques de contención, canalizaciones forzosas o súper trasvases hidrológicos con nula justificación ambiental y carísima relación coste-beneficio.

Si en el colegio uno debería fijarse en los mejores en pos de intentar elevar su nivel de rendimiento, en este campo, España haría bien poniendo su mirada en Flandes, la otrora colonia nacional, cuyos proyectos de desarrollo ambiental en consonancia con el fluir de los cauces son dignos de estudio. Los Países Bajos aprendieron años atrás a vivir de cara al río, no de espaldas. A convivir con él y no contra él. A adaptarse a su morfología, a su comportamiento impredecible y al devenir natural de acontecimientos que –con cierta periodicidad e intensidad– pueden alterar el cauce tranquilo y pausado de ríos tan importantes como el Mosa o el Rin. Y hablamos de ríos con un cauce que supera con creces al del Ebro.

De hecho, la ciudad de Nijmegen (Nimega) debería encontrarse en el ojo del huracán, pues en sus proximidades discurren en paralelo los ríos antes mentados. Sin embargo, en esta ciudad holandesa, situada en la frontera con Alemania, se establecieron tres “áreas de descompresión” o Spillover Areas (en inglés): su objetivo era inundar extensiones de terreno a propósito con el consiguiente descenso de la altura del cauce al ocupar una mayor parte de la llanura de inundación, intentando limitar los daños en cultivos, núcleos urbanos u otras infraestructuras más sensibles más adelante.

Medidas como estas, si bien al principio polémicas, deben empezar a ponerse sobre la mesa en España. Con una sociedad que demanda una creciente ocupación del terreno a través de todo tipo de usos del suelo (agrícola, industrial, residencial…) necesita una adecuada ordenación del territorio que no puede dejar de lado la perspectiva natural, atendiendo solo a las necesidades humanas. Asimismo, esta planificación no puede realizarse en caliente, tomando decisiones trascendentales cuyos efectos secundarios podrían manifestarse en el medio-largo plazo.

Lo miremos por donde lo miremos, el trasvase del Ebro es, desde todas las perspectivas, un proyecto ilógico. Desde un punto de vista ambiental, se trata de una obra faraónica con canalizaciones que recorrerían cientos de kilómetros, desviando a través de numerosas estaciones de bombeo parte del caudal del Ebro que nunca llegaría a su destino. Así se alterarían los ecosistemas aguas abajo del punto en el cual se desviara el caudal. Según el Plan Hidrológico Nacional que se redactó durante los gobiernos de Aznar, el Ebro se vaciaría en la comarca de la Ribera Baja, situada en la provincia de Zaragoza.

Por otro lado, desde un enfoque económico se trata de una obra sumamente cara (cerca de los 4.300 millones de euros): su rentabilidad a largo plazo está más que en duda. Finalmente, su construcción podría desaconsejarse tan solo por el conflicto social que representaría. Si bien el Trasvase Tajo-Segura fue un hito en la ingeniería hidráulica española, amén de un ejemplo de solidaridad entre cuencas hidrológicas y regiones estatales, los ‘prestamistas’ de la cuenca del Tajo empiezan a replantearse hasta qué punto pueden seguir siendo solidarios, observándose en los últimos años una reducción significativa de los recursos hídricos en la cabecera del mismo.

Extrapolando esta casuística a la del río Ebro, el dilema se multiplicaría por siete, esto es, por el número de regiones que atraviesa el río en su transcurrir desde los Picos de Europa hasta el Baix Ebre: Cantabria, Castilla León, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Catalunya, todas presentes en la Confederación Hidrográfica del Ebro, el organismo que las aglutina a sazón de este bien natural común. Si bien es cierto que los territorios más afectados serían aquellos que están aguas abajo del punto desde el cual se quiere iniciar el trasvase, todos ellos deberían limitar su consumo de recursos, puesto que se debe mantener un caudal ecológico en la desembocadura guardando un delicadísimo equilibrio.

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Allá por la segunda legislatura de Aznar cuando este “ponía la primera piedra” de lo que prometía ser el Trasvase del Ebro, la piedra angular de su derogado PHN, cientos de miles de personas se manifestaban en Zaragoza por un rotundo “NO al trasvase”, mientras en Valencia y Murcia se leían cientos de pancartas en ayuntamientos y edificios oficiales con el lema: “Agua para todos”. Esa discordia no puede convertirse en la punta de lanza de una guerra interregional por un recurso tan delicado, escaso y necesario como el agua. Las palabras y los actos deben medirse con sumo cuidado, pues las emociones aquí están a flor de piel. Por imposible que parezca, la política debería quedarse fuera de este debate, pues los intereses partidistas han demostrado estar detrás de gran parte de este proyecto.

Al mismo tiempo, se debe repensar una estrategia global que aglutine un plan de eficiencia hídrica y de gestión del agua que siente las bases de una estrategia a largo plazo de las diferentes líneas de acción sobre las que trabajar. No nos olvidemos que, íntimamente relacionado con estos problemas del agua, España presenta un índice de desertización en la costa mediterránea que amenaza seriamente a las generaciones futuras. Quizás, y sólo quizás en ese mismo momento, podamos analizar los pros y los contras de un plan de contención contra la sequía en el sureste peninsular, estableciendo prioridades y planteándonos tal vez si el problema puede estar en el déficit de agua o en un modelo de sociedad y de crecimiento económico que necesita ser repensado.

Una cosa queda clara, nunca lloverá a gusto de todos.

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